Sin darnos cuenta y sin la más mínima deliberación democrática, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de estatizar todos y cada uno de los servicios que debemos recibir los ciudadanos. Están logrando por la puerta de atrás, mediante decisiones administrativas y relacionadas con el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación de estos servicios, acabar con el sector privado.

En materia de salud, el Gobierno decidió no dotar al sistema de los recursos suficientes para cubrir la Unidad de Pago por Capitación- UPC y poner en riesgo la financiación de las enfermedades huérfanas o los medicamentos de alto costo, con el objetivo de quebrar a los prestadores privados del servicio e intervenirlos a través de la Superintendencia de Salud. De esta manera pretende controlar el servicio de salud y centralizar en cabeza del Estado toda su prestación, expulsando así a los agentes privados, eliminando la competencia y la libertad de elección. Hoy estamos viendo las consecuencias en el deterioro del servicio para los ciudadanos, en los malos manejos, despilfarro de los recursos y el desgreño administrativo.

La misma estrategia se está dando en el sector de los servicios públicos, en especial en la prestación del servicio de energía eléctrica frente al cual, el Gobierno deliberadamente ha dejado de pagar los subsidios a las facturas de los usuarios de los estratos uno 1, 2 y 3, asfixiando de esta manera a las empresas privadas llevándolas a una crisis financiera, para luego adelantar intervenciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y de esta manera estatizar la prestación de este servicio

Como si fuera poco, para adueñarse de la educación universitaria, el Gobierno ha tomado la decisión de marchitar el Icetex y no destinar recursos para financiar a los jóvenes que quieren entrar a las universidades privadas. Con esto llevará, a las malas, a la quiebra a las universidades, puesto que la mayoría dependen de los recursos que los jóvenes adquieren con el Icetex para financiar su funcionamiento. De esta manera, sólo quedarán las universidades públicas y se impondrá una doctrina y un tipo de educación que el Gobierno determine. Es decir, estatizarán también la educación, acabando con las libertades y las diferencias.

La animadversión de este Gobierno por el sector privado es evidente, los constantes ataques contra los empresarios y el sector productivo producen terror, la estigmatización hacia quien ha sido exitoso considerándolo opresor, abusador y un sin número de descalificativos, sólo muestra su interés por destruir nuestro aparato productivo. Como todos sabemos este modelo ha fracasado en el mundo, los colombianos no podemos permitir que nos impongan por la puerta de atrás un sistema económico que sólo lleva la pobreza; es hora de qué todos levantemos la voz, defendamos las instituciones, defendamos las libertades y, al sector privado y su libre iniciativa.

Más grave aún es el hecho de pretender un modelo económico fracasado, cuando este Gobierno ha mostrado su incapacidad para ejecutar, su falta de rigor técnico y ha nombrado en los cargos de dirección del Estado a personas sin la debida preparación solo por percepciones ideológicas; con lo cual, todos nuestros servicios y bienes que recibimos del Estado se deteriorarán rápidamente y los ciudadanos sólo tendremos una peor calidad de vida.

Hablar de equidad cuando lo que se pretende es igualar las condiciones por lo bajo, renunciando a nuestros logros sociales, es macabro. Acabar la iniciativa privada, la libertad de empresa, la competencia y la calidad en los servicios es ruin. Los invito a todos a marchar este 23 de noviembre para que digamos con mi salud, con mi educación y con mis servicios públicos no se juega. Nuestro Estado de Derecho se respeta y nuestras instituciones se defienden.