Ante el anuncio improvisado y sin sustento técnico del señor presidente esta semana respecto de la radicación de un proyecto de ley de reconciliación nacional, es procedente mencionar que, en el país se ha hablado mucho de paz, seguridad “paz total”. Sin embargo, nuestra historia demuestra que todos nuestros procesos fracasan no porque los firmantes no se desmovilicen o no cumplan los compromisos, resultan inanes porque las causas que los llevaron a alzarse en armas o a vivir en la ilegalidad persisten y no son sistemáticamente enmendadas por el Estado.

Contrario al discurso que nos quieren imponer según el cual, las desigualdades sociales inherentes a nuestro sistema económico son la causa de todos los males y de la violencia que tato nos ha afectado, la realidad nos muestra que la principal razón se constituye en la incapacidad del Estado para ejercer control y soberanía en el territorio. Nuestro Estado carece de la infraestructura, el andamiaje y la inteligencia suficiente para conocer que ocurre en sus territorios y más grave aún para atender sus necesidades y desplegar acciones efectivas en los mismos.

Si hoy en cualquiera de nuestras ciudades o municipios la respuesta de la policía es lenta ante cualquier denuncia ciudadana, en las zonas más alejadas ésta es prácticamente nula, ante la falta de una policía especializada y formada para el mundo rural. Los carabineros o el DAS rural, desaparecieron de facto de nuestro territorio dejándolo a merced de la delincuencia organizada. En efecto, son los grupos ilegales quienes si saben quién vive o transita por cada vereda bajo su control, las actividades que realizan y cuál es su patrimonio. Es así como, por ejemplo, en Arauca los transportadores están carnetizados por el ELN que controla toda la actividad económica mientras la policía y el ejército se refugian en sus estaciones y bases ante el temor que les genera una organización que realmente conoce y controla su territorio.

Nuestro Estado ha sido incapaz, no ocupó los territorios liberados por las Farc o por cualquier actor que haya tenido control territorial, no hizo presencia institucional y no ejerció soberanía, dejándolos a merced de la delincuencia que se adueñó de todos los espacios. El Gobierno se dedicó ocho años a intentar negociar la paz y pareciera que ni media hora a diseñar una estrategia de control, presencia y seguridad territorial una vez esta se firmara.

Para ahondar en nuestros males y en un afán clientelista, el actual gobierno cree que, por pagarles a los jóvenes en riesgo de violencia casi un salario mínimo a cambio de no hacer nada y darle a los actuales criminales todas las prebendas que la ley le permita, garantizaremos la supuesta paz total; cuando lo único que lograremos es confirmarle a la juventud que ser delincuente si paga. ¿Cómo vamos a conseguir trabajadores en el campo o la ciudad si el Estado les va a pagar por no hacer nada? Los condenamos a la dependencia de un proyecto político profundamente improvisado que no tendremos como financiar, en el cual se trastocan los valores de la sociedad, desconociendo la importancia del esfuerzo y el trabajo personal.

No podemos seguir subsidiando delincuentes, es insostenible pedirle a quienes trabajan día a día que sostengan a la población cuando cada propuesta pretende privilegiar a quien atenta contra la misma, mientras debilitamos nuestras instituciones y socavamos sus derechos.

Es hora de entender que el ejercicio legítimo de la fuerza y de la autoridad no puede tener un sesgo ideológico y que por el contrario, se traduce en la defensa del Estado y los derechos de los ciudadanos. Así las cosas defender y respaldar la fuerza pública se constituye en un imperativo. Es momento de una profunda reestructuración de nuestras fuerzas, en su acceso, formación, profesionalización, ubicación, capacidad de respuesta y, en especial, en materia de inteligencia rural para que al fin seamos un Estado soberano en todo el territorio.