El manejo responsable de la economía, la disciplina fiscal y el pago de las obligaciones a cargo del Estado han sido uno de los principales activos que Colombia ha construido a lo largo de su historia. Independientemente de la política, los Gobiernos y las personas, todos han edificado esta institucionalidad económica que se ha constituido en un pilar que garantiza tranquilidad a los mercados, inversionistas y ciudadanos. Somos buena paga.

Hoy desafortunadamente, el Gobierno en su ánimo de cambio, descalifica todo aquello que se haya construido en el pasado, desechando el conocimiento técnico adquirido. Está poniendo en riesgo ese pilar de nuestra sociedad, está jugando con la sostenibilidad económica del país y con la seguridad y confianza que esta representa.

Este manejo irresponsable se evidencia en hechos como el aumento desmedido del Presupuesto de la Nación que pasó de $353 billones en 2022 a 502 billones de pesos en 2024, lo que representa un incremento de 42% en tan solo 2 años, esto resulta absolutamente insostenible cuando nuestra economía el año pasado tuvo un lánguido desempeño, con un crecimiento de 0,6% y, que para 2024, se espera una cifra cercana a 1%.

No hay manera de justificar tal desproporción. Resulta aún mas grave cuando el año pasado se registró una caída del 25% en la inversión, en gran medida debido a la reforma tributaria de este Gobierno que sobrecargó al sector productivo y a la inseguridad que generan los mensajes en contra de la iniciativa privada y de sectores que jalonan nuestra economía como lo es el de hidrocarburos.

Preocupante resulta también ver, como en la planeación financiera del país, para sustentar el cumplimiento de la Regla Fiscal, el Gobierno, contrario al deber ser, planteó como ingresos estructurales o corrientes los provenientes del recaudo de litigios en materia tributaria a través de procesos de arbitramento. Este ingreso en caso de existir, será de única vez con lo cual no puede utilizarse para mostrar consistencia fiscal en el largo plazo e, igual de grave, es que hoy, el Estado no cuenta con la herramienta legal para adelantar este tipo de procedimientos; es decir que este ingreso no ocurrirá.

De igual manera y como ya se ha mencionado, las propuestas legislativas que ha llevado el Gobierno al Congreso, en especial las que tienen que ver con salud y pensiones, generan una mayor presión de gasto sin fuentes alternativas para cubrir el mismo, lo que hace que no estén financiadas y que de concretarse, incrementarán la presión fiscal o desplazarán otros gastos e inversiones. Esto es irresponsable.

Para rematar, esta semana el Gobierno en su plan de reactivación, anunció un proyecto de ley para flexibilizar la Regla Fiscal que permitiría un mayor nivel de endeudamiento y un mayor gasto público. Un paréntesis, recordemos que este es el Gobierno que históricamente ha tenido la peor ejecución en los últimos años; piden espacio de gasto pero prescindieron de los técnicos que lo sabían ejecutar.

Modificar la Regla Fiscal implicará desconocer la importancia de un manejo responsable de las finanzas públicas que traerá consigo graves consecuencias, pues el mensaje que se estará mandando es que el país no tendrá la sostenibilidad para honrar su deuda.

Estarán condenando a Colombia a mayores costos al momento de acceder a los créditos tanto de las personas, las empresas como del Estado; esto conducirá a una menor inversión privada por el costo del capital que desencadenará en una mayor afectación al mercado laboral y a la pérdida de competitividad.

Nuestra economía se estancará, afectando el recaudo tributario, obligando a tener mayor destinación de recursos públicos para el pago de la deuda y, en últimas, a no poder financiar las obligaciones a cargo del Estado y por consiguiente, a desmejorar las condiciones de vida de la población. Este es el riego que corremos al destruir uno de nuestros mayores activos, el manejo prudente de nuestra política macroeconómica.