Por estos días, el país está enfrentando un fenómeno que amenaza con convertirse en una crisis sistémica que ponga en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y lleve al traste la seguridad energética que como sociedad hemos alcanzado. Y se está presentando por la ausencia de gestión pública, la inseguridad jurídica y por la adopción de posiciones dogmáticas con desprecio por el sector privado. Se está poniendo en riesgo la prestación de los servicios públicos y la seguridad de la población.
El consumo de energía eléctrica aumenta considerablemente a niveles cercanos a 5% y con proyecciones de un incremento sostenido cercano a 3%, mientras la oferta se encuentra en riesgo, la inversión desaparece y no se vislumbra la entrada de proyectos de generación suficientes para cubrirla. Los resultados de la última subasta de energía para los años 27 y 28 muestra un déficit de energía en firme para estos años, al mismo tiempo que se tienen dudas frente a su firmeza, al ser en su gran mayoría de fuentes renovables.
Lo anterior aunado al hecho de los grandes problemas que se están observando en materia de transmisión que requiere expansión en su capacidad y en el que en varios sectores del país las redes se encuentran saturadas debido a la falta de inversión. Adicionalmente, existe la incertidumbre de poder conectar al sistema, la energía proveniente de La Guajira por la no entrada de la línea Colectora. Así mismo, un gran número de los proyectos de generación eólica en esa región del país se encuentran en riesgo, debido entre otros aspectos, a los problemas con las comunidades y a la falta de licenciamiento ambiental, que ha llevado a que algunos estén siendo abandonados, otros presenten retrasos considerables y varias empresas hayan manifestado su intención de retirarse de los mismos.
De igual manera, en materia de gas, el anuncio del presidente de Ecopetrol, según el cual para el próximo año se presentará un déficit de 17% entre oferta interna y la demanda de este combustible, situación que lo está haciendo considerar importar el mismo de Venezuela. Esto pone en entredicho nuestra autosuficiencia y representa un riesgo en el suministro, ya que se conoce que el oleoducto del vecino país no se encuentra en buen estado y requiere de una considerable inversión para prestar el servicio.
De otra parte, la obstinación del Gobierno en no permitir la celebración de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y de utilización de técnicas de extracción, ha disminuido considerablemente nuestras reservas, observando con preocupación el caso de Ecopetrol donde sólo se repusieron 48% de las mismas, lo que sin duda nos lleva a pensar que a este ritmo la joya de la corona dejará de dotar al Estado de cuantiosos recursos necesarios para su financiamiento. Esto sin contar los gravísimos problemas en cuanto a su manejo corporativo con la propuesta de cambio en la conformación de su junta con personas activistas que no cumplen con los requisitos y carecen de conocimiento en la materia, lo cual ha llevado a una fuerte caída de la acción de la compañía.
Todo esto representa un horizonte preocupante ya que la capacidad instalada para la generación y transmisión de energía será insuficiente. Esto sumado a la deficiencia en gas para la generación térmica, a la incertidumbre financiera y regulatoria, agudizará el riesgo de los colombianos de entrar en la penumbra.
Es urgente tomar medidas para evitar un posible racionamiento en los próximos años, la energía que consumiremos debemos contratarla desde hoy. Resulta imperativo contar con estabilidad en las reglas de juego, tener claridad en la política tarifaria que incentive la inversión y sin estrategias mediáticas, y una Creg con comisionados técnicos en propiedad. Debemos preservar Ecopetrol y permitir la actividad extractiva para garantizar los recursos, la autosuficiencia y la estabilidad macroeconómica. Recordemos. La energía más cara es la que no se tiene.