El fenómeno de inflación mundial al cual nos enfrentamos y que en Colombia terminará el año entre 10 y 12%, implica qué el país tiene que afrontar unas discusiones que condicionarán el devenir de nuestra economía, que puede incluso generar un conflicto por la pérdida de recursos de las personas que creyeron ciegamente en propuestas irrealizables y en discursos populistas.

Es un hecho que después del gran crecimiento que se observará este año, en 2023 enfrentaremos una fuerte desaceleración en línea con la dinámica internacional. De tres decisiones que se tomen en los siguientes meses dependerá si este fenómeno se convertirá en un freno de mano y causará efectos incalculables en nuestra economía y a una fuerte recesión. La primera tiene que ver con la aprobación de la reforma tributaria que se encuentra en discusión, otra es la fijación del salario mínimo para 2023 y, por último las demás medidas frente al manejo de nuestra economía y la respectiva confianza que se genere tanto a nivel nacional como internacional.

Frente a la tributaria dos propuestas preocupan en exceso, la adopción de los denominados impuestos saludables que no han demostrado efectos reales sobre la salud pública y los impuestos al sector extractivo. Frente a los primeros, no resulta razonable que productos de primera necesidad que componen la canasta básica, tengan un aumento en sus precios y que afecten primordialmente a las personas de menores recursos. Quien compre un perro caliente tendrá un sobrecosto en cada uno de sus componentes, el pan, la salchicha, la salsa, las papas de paquete y la gaseosa, todos ellos pagarán el impuesto. Ese impacto, una persona con altos ingresos no lo sentirá, pero quien no los tenga podría poner en riesgo su alimentación diaria y no se justifica con la realidad económica que venimos viviendo.

Respecto a los segundos, Ecopetrol manifiesta que la Tributaria puede costarle a la compañía cerca de 12 Billones de pesos, sin mencionar el importante aumento en los costos para operar de las empresas privadas, lo cual genera el riesgo de que la inversión privada desaparezca y por tanto, se aumentará el costos de la financiación de las políticas públicas, pues se tendrá que acudir a mayor endeudamiento, se disparará la tasa de interés y se generará una mayor devaluación. No se puede acabar con la gallina de los huevos de oro.

Incrementar el salario mínimo por encima del costo de vida sin sustento en la productividad de la economía generará una mayor presión inflacionaria dada la mayor capacidad temporal de consumo que conlleva a la subida de precios y adicionalmente pondrá en riesgo la generación de empleo e incluso conllevará a la destrucción de un número significativo de los existentes, como lo muestra el reciente estudio del Banco de la República. En consecuencia, la mejora en la condición de vida de estas personas no se verá.

Por último, los mensajes de responsabilidad fiscal, de respeto a las inversiones y la propiedad privada deben generar tranquilidad en los mercados. Es de admirar la posición tomada por el ministro Ocampo quien ha tenido que corregir, desmentir y aclarar las propuestas planteadas tanto por el Presidente como por varios de los ministros, en el sentido de dejar claro que no se controlarán los capitales, que la compra de tierras no se puede financiar con TES, que se debe cumplir con la regla fiscal y que la decisión de suspender los contratos de exploración y explotación de recursos fósiles no se ha tomado dado que es la principal fuente de recursos con la que se cuenta para financiar el presupuesto de la Nación.

Es un imperativo que estos tres aspectos se manejen con suma prudencia para que sigan llegando al país tanto la inversión como el crédito que nos permitan sobrellevar la crisis internacional que se avecina. La pregunta consiste en qué va a hacer el Gobierno para minimizar los efectos de la desaceleración mundial, o si con sus decisiones apagará el incendio con gasolina con las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para nuestra economía.