Hay que reconocer que el gobierno, con carácter, ha puesto en el debate nacional varios de los temas más polémicos, pero más importantes para el devenir económico del país y para la garantía de la calidad de vida de todos los colombianos. Realmente nuestra sociedad debe discutir sobre los temas de salud que protegen la vida de las personas, los laborales que aseguran su desarrollo y los pensionales que garantizan los recursos para su vejez. Los tres deben abordarse con objetividad

Frente a la salud se ha dicho mucho, y no se puede negar que el sistema tiene falencias en atención primaria y en las zonas apartadas donde el acceso a los servicios se dificulta más, así como tampoco que algunas EPS no han hecho bien su tarea. Sin embargo, debe reconocerse que el país ha logrado la cobertura universal gracias al actual sistema, igualmente se han eliminado los riesgos financieros en cabeza de los usuarios; basta ver la atención de la pandemia y como el Estado asumió todos los costos y cómo en otros países el gasto recayó en los pacientes. En este punto la conclusión no puede ser distinta a la solicitud efectuada por todos los gremios científicos, exfuncionarios del sector y representantes de pacientes. No se puede acabar con el sistema estatizándolo, menos dejarlo al vaivén de la política. La reforma se debe archivar.

En materia laboral, Colombia tiene una tasa de desempleo superior a 10%, una de las más altas de la Ocde y de América Latina. Nuestros niveles de informalidad son superiores a 50%, los cuales resultan demasiado elevados. La propuesta radicada ha sido ampliamente criticada puesto que se enfoca en la en la protección de quienes hoy tienen un puesto de trabajo formal, que como sabemos en nuestra sociedad son una minoría y, deja a un lado la generación de empleo y la facilidad para acceder al mismo. Desconoce las nuevas dinámicas de los mercados como las plataformas colaborativas, el trabajo por horas, los múltiples empleadores, los contratos por periodos específicos o a término fijo, las diferencias del costo de vida por regiones; generando un importante incremento en los costos laborales y haciendo más difícil prescindir de aquellos trabajadores que no se requieren o no se pueden sostener.

Tanto así que el Banco de la República ha manifestado que, con la reforma laboral, probablemente muchos podrían terminar perdiendo la posibilidad de trabajar y hasta podría reducirse el empleo en Colombia aumentándose la informalidad. Según sus cálculos además de reducir la generación de empleo se perderían cerca de 480.000 empleos actuales. La reforma actual y la ponencia radicada debe negarse por proteger a los poderosos sindicatos en especial públicos y por encarecer el empleo, y propender por una enfocada a reducir los costos, hacer más dinámica la relación laboral y responder más a las dinámicas propias de los mercados y que aumente la productividad.

Frente a la reforma pensional, la intención de reducir los inmensamente regresivos subsidios a las altas pensiones es sin duda de aplaudir y una decisión en justicia y equidad. Que el Estado sólo asuma pensiones hasta de $2 millones, como lo anunció el ministro de Hacienda, es absolutamente responsable al reducir el déficit pensional de largo plazo de 67,5% del PIB, a 55,2%. Sin embargo, existen aspectos muy preocupantes como el hecho de adueñarse del ahorro individual de las personas que han venido cotizando en las AFP o régimen privado. El otro gran riesgo es que los recursos del ahorro pensional no se protejan y se conviertan en gasto presente, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y las futuras pensiones de los ciudadanos. El país está en mora de aprobar una reforma pensional que termine con las mega pensiones con cargo al erario.

Se debe hacer un llamado para abordar estos temas con prudencia, con la participación de los expertos y en especial preservando los avances que como sociedad hemos logrado en salud, trabajo y pensiones.