Las finanzas públicas están a la deriva. El Ministro de Hacienda pilotea sin experiencia ni pericia y va directo a estrellarse.

De tal gravedad es la situación, que no contamos con chalecos salvavidas ni paracaídas tal y como se confirmó con la pérdida de la Línea de Crédito Flexible del FMI, que está consagrada para atender emergencias o contingencias como una pandemia, un desastre natural o una crisis macroeconómica mundial de manera ágil y sin condiciones.

Si bien el Gobierno, con el ánimo de restarle gravedad al hecho, manifestó que renunciaba a esta línea de crédito, lo cual es una absoluta irresponsabilidad, la realidad es distinta; después de su visita al país en virtud del capítulo IV, el FMI concluyó que “la política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de “muy sólido”, que se requiere para la calificación continua en la LCF”, lo que indica, sin lugar a duda, que el país había perdido el seguro más importante con que contaba para acceder a la liquidez inmediata ante una situación de emergencia. El Ministro renunció a un seguro con el que ya no contaba.

En esa misma visita, el FMI expresó sus preocupaciones por el desanclaje de la política fiscal que conducirán a socavar aún más la confianza de los inversionistas y que adicionalmente esto podrá provocar una interrupción repentina de las entradas de capital.

La gravedad de esta afirmación es muy alta, nos indica que la inversión privada que hoy se encuentra en sus mínimos históricos puede seguir cayendo, que financiar las necesidades del país cada día será más costoso y que incluso se pierda la capacidad de acceder a los créditos.

Por si esto fuera poco, al renunciar el Ministro a su visa de Estados Unidos, no podrá participar en la reunión anual del FMI que se llevará a cabo los próximos 12 y 15 de octubre y, en consecuencia, no podrá exponer ante la banca multilateral, los tenedores de deuda pública, las calificadoras y los mercados, el manejo de las finanzas públicas, la senda de deuda y las políticas de ajuste en el déficit que el país debe implementar para asegurar la sostenibilidad a corto y mediano plazo de las finanzas públicas.

Esto es de suma gravedad puesto que, en los últimos meses, el Gobierno ha tomado medidas como la suspensión de la Regla Fiscal, el aumento de la proyección de déficit fiscal a un 7,1% que los analistas consideran amañada pues lo calculan cercano a 8% y ha realizado operaciones de manejo de la deuda que generan desconfianza e incertidumbre a todos los agentes del mercado.

Con esta decisión, no solo se perdió el seguro en caso de emergencia, sino que se renunció al derecho de defensa y a la posibilidad de hablar.

Así las cosas, el panorama es sombrío. El financiamiento de las necesidades del país quedó en entredicho, la inversión seguirá deteriorándose y las expectativas de crecimiento se desvanecerán.

Colombia perderá su credibilidad económica por la falta de transparencia, por la falta de compromiso en la reducción del gasto y por la propuesta del Gobierno de gravar aún más a las empresas y el capital, por imponer impuestos excesivos a sectores fundamentales en la economía como el financiero y el extractivo que conllevarán a una mayor caída en la competitividad e inversión.

Para rematar, el Presidente de la República después de provocar la ira de Estado Unidos con sus ataques e insultos, anunció la renegociación del tratado de libre comercio con este país y la cancelación unilateral del suscrito con Israel, contrariando todas las normas del derecho internacional, poniendo en riesgo aún más la credibilidad del país y la actividad económica que desarrolla el sector privado.

No se negocia con la economía más fuerte en momentos de provocación, esto es por decirlo menos, menos irresponsable. Colombia se está aislando del mundo, deteriorando sus relaciones con sus principales aliados y está poniendo en riesgo su sostenibilidad económica. Como vamos, vamos mal.