El Gobierno Nacional, en lo que a mi juicio se constituye en la más importante y acertada decisión en materia económica que ha adoptado, incrementó para el mes de mayo $600 el precio de la gasolina, llevándola a precios cercanos a los $12.000 e indicó que continuará con el incremento hasta llevarla a niveles de los precios internacionales. Hoy esa diferencia es cercana a los $3.700. Al mismo tiempo, en lo que considero fue tibio, decidió mantener inalterado el valor del diesel. Su diferencia hoy es superior a los $5.000.

Estas decisiones obedecen a distintos factores, el primero tiene que ver con el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que según anunció el ministro de Hacienda, para 2022 acumuló cerca de $35 billones y que, al continuar con los subsidios durante este año, generará un gasto adicional. En este sentido, es importante aclarar que los recursos destinados a cubrir el mencionado subsidio son cubiertos por el Presupuesto. En consecuencia, entran a competir con el gasto social y de inversión

Al analizar este subsidio, en especial en materia de gasolina se observa que el mismo carece de una correcta focalización, pues beneficia en gran medida a quienes más consumen y quienes tienen mayor poder adquisitivo; es una medida absolutamente regresiva. Al estudiar el subsidio en el diesel, se deben tener en cuenta factores como la inflación, ya que el sector de transporte de carga y pasajeros se mueve mayoritariamente con este combustible. Una medida de incremento acelerado afectará directamente la canasta básica de los ciudadanos y en especial de los de menores ingresos, por una consecuente subida de los alimentos y los pasajes.

Cuando se analiza la fórmula del precio de los combustibles, se observa que, del valor pagado por el consumidor final, cerca de un 25% corresponde al pago de los diversos impuestos. En consecuencia, el Estado está recaudando impuestos frente a estos productos para posteriormente destinarlos a subsidiar los mismos, constituyéndose en un contrasentido que distorsiona el precio final del combustible y genera ineficiencias en el manejo de los recursos públicos. Tal vez es el momento de eliminar tanto los impuestos como los subsidios. Es importante aclarar que la sobretasa a los combustibles es una renta de las entidades territoriales, razón por la cual este impuesto debe separarse del análisis o afectaría los ingresos de los gobiernos municipales.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta para el desmonte de estos subsidios es que resulta contradictorio en el desarrollo de la política pública de transición energética.

Ahora, al analizar esta decisión desde el punto de vista político se observa una realidad digna de una novela. A nadie le queda duda de que, si el aumento de $600 en un mes se hubiese hecho por el Gobierno del presidente Duque, la protesta social, la primera línea y los contradictores del Gobierno, hubiesen incendiado el país y las consecuencias las estaríamos sufriendo incluso hoy. Por el contrario, este incremento, y el acumulado de este Gobierno que asciende a los $2700 pesos, no ha generado indignación, reclamos ni protestas. El Presidente hoy tiene un caudal político que debe aprovechar para tomar medidas impopulares pero correctas. Ojalá no implemente las ideas de su ministra de Minas consistentes en crear más tarifas diferenciales, no reconocer el costo de oportunidad y pagar a Ecopetrol el precio de mercado de los hidrocarburos, toda vez que se distorsionará el mercado, se incentivará la ilegalidad y se afectarán las finanzas públicas. El desmonte de este subsidio debe continuar. Presidente, aproveche la oportunidad.