Todos en Colombia sabíamos que el presidente Gustavo Petro quería darle un nuevo enfoque al manejo de la política, al Estado, los servicios públicos y la economía. Sin embargo, nunca nos imaginamos que esa visión consistiría en acabar con todo, que quisiera destruir las instituciones, la libre iniciativa privada, la autosuficiencia y seguridad energética y en general, con todos los logros alcanzados por nuestra sociedad en los últimos 40 años. Es realmente lamentable.

En los últimos meses hemos visto como un gran número de los exministros pertenecientes a los 6 últimos gobiernos, han enviados sendos documentos al presidente manifestándole su preocupación por el manejo que se está dando en distintas carteras y a diversos temas estratégicos del país. No pueden estar todos equivocados

En el sector de minas y energía se conocieron algunos documentos, uno firmado por los ex ministros y otro por un gran número de exfuncionarios del sector, en los cuales manifestaron su desacuerdo, así como el riesgo que representaba la intención del Gobierno Nacional de asumir las funciones de las comisiones de regulación, especialmente la Creg, por atentar contra la institucionalidad, generar inseguridad jurídica y poner en riesgo las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad, confiabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país.

En los últimos días, los exministros han expresado nuevamente su preocupación ante la posibilidad de enfrentar un costoso e innecesario apagón debido al riesgo financiero en que se encuentran las compañías del sector y al impacto que representaría la salida del mercado de un importante número de operadores del sistema, que afectaría la prestación del servicio de energía eléctrica a aproximadamente 40% de la población.

De igual manera sucedió con la mayoría de los ministros, expertos y ex funcionarios del sector salud que de forma tajante se han opuesto a la reforma a la salud, que se tramita en este momento en el Congreso, solicitando su retiro, por entre otros motivos, no haber permitido la participación abierta de los distintos actores, cercenar el derecho de los pacientes a elegir su asegurador, por la estatización del sistema, por desconocer los avances en cobertura y calidad que se han obtenido, por su costo, sus fuentes de financiamiento e impacto fiscal y en últimas por poner en riesgo la salud y la vida de los colombianos.

Tanto es así que incluso ministros de este Gobierno, dejaron de serlo, por manifestar su oposición a esta idea improvisada y peligrosa.

En los últimos días ocurrió lo mismo con los excancilleres que le manifestaron al presidente su inmensa preocupación por su inaceptable posición frente a los injustificables ataques terroristas de Hamás a Israel y el conflicto suscitado con el Estado Palestino por la reacción de Israel, en la que manifiestan que el Presidente se separa de manera radical a la tradición del país por el respeto al derecho internacional y critican su manejo de la relaciones exteriores.

Los colombianos no somos ingenuos y no podemos permitir que en cuatro años el Gobierno atente contra nuestro sistema de salud, nuestra soberanía energética, nuestros servicios públicos, acabe con el ahorro pensional, deseche nuestra disciplina y responsabilidad fiscal, destruya nuestra fuerza laboral y, para concluir, acabe con nuestra diplomacia y manejo de las relaciones exteriores. Es imposible que nos hagan creer que todo se ha hecho mal.

Los mesías no existen, las fórmulas mágicas son un engaño, desconocer el fundamento técnico, la evidencia fáctica y los avances sociales se llama soberbia. Es momento de que todos los ciudadanos exijamos respeto por nuestros derechos, defendamos las instituciones, las libertades y le digamos no más a la improvisación, a la inseguridad, a la división, a la destrucción de nuestro futuro y a que nos roben la esperanza.