Cuando se habla de sostenibilidad fiscal la mayoría de las personas la ven como algo etéreo, como una discusión filosófica de los economistas que no afecta la vida diaria de los ciudadanos, pero nada más alejado de la realidad. La sostenibilidad es el sustento económico para que un Estado pueda materializar y hacer efectivos los derechos individuales y sociales de la población, reflejados posteriormente en la prestación de bienes y servicios a las personas.

La mayoría de las relaciones humanas están mediadas por la existencia de ese Estado que les provee directamente o con la participación del sector privado, la salud, la educación, los servicios públicos, la seguridad, la posibilidad de tener vías por las cuales desplazarse, el acceso a la justicia entre otros. Todos y cada uno de estos bienes y servicios implican el gasto de unos muy considerables recursos. En el caso del Estado, estos recursos provienen de tres fuentes fundamentales: La primera, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, la segunda, de las utilidades que generan las empresas públicas, es decir el Estado en calidad de empresario y, la tercera, de los recursos de crédito. Es ahí donde entra a jugar un papel fundamental la sostenibilidad fiscal.

Al determinarse que los recursos del Estado son limitados, debe existir una coherencia entre los ingresos que se perciben y los gastos que se hacen. Al igual que un ciudadano no puede comprar una casa que no puede pagar o porque no le prestan o porque con el tiempo no podrá cubrir las cuotas y terminará perdiéndola, los países no pueden comprometerse a darle a sus ciudadanos, bienes y servicios que no puede financiar. Resulta entonces una mentira, toda promesa por parte del Gobierno que genera un nuevo gasto si los ingresos de la Nación no aumentan en igual proporción.

Este es el caso de la tan mencionada reforma pensional, en la cual el Estado promete garantizar a través de Colpensiones, que toda pensión hasta 2,3 salarios mínimos y la cual el Presidente pretende llevar hasta los 4 salarios mínimos, es irrealizable e insostenible. Esta implica que con recursos públicos se cubrirán entre 82% y 96% de las personas que cotizan y se pensionan, lo que conlleva a que el pasivo pensional en el mediano plazo a cargo del Estado según Anif tenga un aumento de 84 puntos del PIB llegando a los 191 puntos y siendo aun mucho mayor si se lleva a la descabellada propuesta del Presidente

Recordemos que toda pensión a cargo de Colpensiones bajo el régimen de prima media lleva implícito un subsidio, teniendo en cuenta que, si una persona cotiza el 16% de su salario a lo largo de su vida laboral, su aporte no alcanza para cubrir el valor de pensión que recibe. Se estima que en todos los casos este subsidio es superior a 50% de la mesada que se recibe.

Este aumento en el costo de las pensiones a cargo del Estado tendrá como consecuencia que lo plasmado en la reforma sea una falacia, una simple promesa que no se puede cumplir, puesto que no existirán los recursos para su pago. Implicará que a menos de que el Estado duplique los impuestos que hoy se pagan o duplique el aporte a pensiones de los cotizantes, la gente en el futuro no tenga una pensión.

Pero no es solo la pensión, si el país llega a ese nivel de endeudamiento, si renunciamos a los ingresos del sector petrolero a través de Ecopetrol, porque ese sector no nos gusta y, además, se estatiza toda nuestra economía como se quiere hacer en salud y servicios públicos, la única consecuencia es que no habrá recursos para cubrir los servicios que hoy el Estado nos presta y perderemos todos los logros sociales que tanto nos ha costado conseguir.

Los colombianos no podemos ser tan ingenuos para creer en falsas promesas por el simple hecho de volverlas una ley, todos conocemos el cuento del traje nuevo del emperador, no podemos caer en el engaño según el cual la expedición de una norma modifica la realidad. De ser así, Presidente por favor, expida una norma para que todos seamos millonarios, usted tiene ese poder.