Los supuestos macroeconómicos con los que está trabajando el Ministerio de Hacienda en el Plan Financiero de nuestra economía para 2023 no cierran y están poniendo en riesgo la financiación de los programas sociales, el sostenimiento del aparato estatal, el pago de las obligaciones y la estabilidad de nuestra economía. Al analizar este documento que se constituye en la hoja de ruta del ministerio, surge una preocupación.

En primer lugar, resulta poco convincente el incremento proyectado en el recaudo tributario, pues se muestra que en 2022 el mismo alcanzó los 212 billones de pesos y para este año se espera que los contribuyentes aporten a las arcas del estado 280 billones, esto es un aumento superior a 32% y frente al cual la reforma tributaria aprobada solo representa $20 billones con la ficción, consistente en convertir los ingresos provenientes de Ecopetrol que se percibían por utilidades, en ingresos tributarios, sin embargo, siguen siendo el mismo ingreso.

Lo anterior no tiene congruencia con las cifras de crecimiento del PIB que se presentan en el mismo documento, pues estiman que este crezca 1,3%, cifra que adicionalmente a todas luces es demasiado optimista y resulta contraria a las estimaciones de los demás actores de la economía como el Banco de la República que la está situando en 0,2%. Muy difícil un aumento en el recaudo de estas magnitudes en una economía estancada o al borde de la recesión.

De otra parte, e igual de preocupante es el supuesto del precio internacional del crudo de referencia para Colombia, en el que para las cuentas fiscales de la Nación va a tener un promedio de US$94 por barril a lo largo de este año. Sin embargo la realidad muestra algo muy distinto con un promedio hasta la fecha de US$82 por barril y frente al cual la mayoría de analistas ven esa cifra demasiado optimista con el agravante de que el mismo plan muestra una reducción en la producción de crudo que debido a los mensajes en contra del sector por parte de la cartera de Minas y Energía puede llegar a ser mucho mayor.

De igual manera, el gobierno muestra una reducción de la inflación esperada para este año mucho más acelerada y poco realista, al presentarla en 7,2% cuando ya la mayoría de analistas e incluso el banco hablan que la misma este cercana a 9% o incluso mayor. Frente a la contención del costo de vida en especial para los más vulnerables sería conveniente postergar la entrada en vigor de los impuestos saludables y esperar a que este fenómeno esté controlado y así evitar un nuevo repunte a final de año el cual sería realmente nefasto.

Resulta claro entonces que el país va a presentar un crecimiento nulo en un contexto de alta inflación en el que los factores de riesgo persisten y pueden agudizarse por los continuos mensajes del Gobierno Nacional. Es inaceptable pedirle al Banco de la República que efectúe emisiones para resarcir a las víctimas del conflicto pues aumentaría aún más nuestra inflación, debilitaría nuestra moneda y acabaría con la estabilidad fiscal.

Al observar entonces el plan financiero y cotejarlo con la realidad la conclusión no es otra distinta a qué el Ministerio de Hacienda debe actuar con prudencia, congelar, posponer y sobre todo oponerse a la creación de nuevos gastos, mantener los pies sobre la tierra, hacerle entender al Presidente y a los ministros amantes del gasto que no es momento de improvisar.

De igual forma debe actuar el Banco de la República manteniendo el aumento en las tasas de interés y el Congreso de la República, oponiéndose como obligación democrática a las reformas a la salud, pensional y laboral que generarían gastos sin fuente para financiarlos, pues se aumentarían el déficit a largo plazo, cerrarían el financiamiento del Estado y frenarían la economía y la generación de empleo.

Esperemos que estén a la altura de la responsabilidad que hoy tienen.