El Presupuesto General de la Nación aprobado hace una semana por $502 billones, genera más dudas que tranquilidad, los supuestos en los que se fundamenta se ven inconsistentes y pueden llevarnos a sorpresas desagradables. Como principales riesgos se asoman la amenaza a la estabilidad fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal. Hablar de un crecimiento frente al presupuesto de este año en 18% cuando la economía en 2023 cerrará en un lánguido crecimiento de 1% o máximo 1,5%, suena como mínimo irresponsable.

Los supuestos de ingresos deben analizarse de manera responsable y poner de presente los riesgos implícitos que los mismos representan. En primer lugar, debe hacerse énfasis como lo dice el Comité de la Regla Fiscal en que, los $15 billones que se pretenden recaudar bajo la figura de arbitramento de litigios tributarios, resultan bastante inciertos teniendo en cuenta que hoy no se cuenta con la herramienta legal para tal fin, la certeza sobre su recaudo es muy baja y, en el evento de recaudarse, serían ingresos extraordinarios que no pueden financiar gastos recurrentes o corrientes.

Igualmente cuestionable resulta el supuesto aumento de los ingresos provenientes del recaudo tributario, pues como se ha mencionado, el crecimiento de nuestra economía será inferior a 1,5% con lo que no hay sustento para que el recaudo aumente cerca de 15%. al respecto dos factores resultan altamente preocupantes, el primero tiene que ver con la fuerte caída en la inversión que ha sido superior a 14% y en los últimos meses tiende a acentuarse, Camacol indica que por la caída en vivienda se han perdido cerca de $17 billones en inversión. El segundo resulta de la incertidumbre que representan las demandas interpuestas con total fundamento, frente a la no deducibilidad de regalías que se adelantan en la Corte Constitucional, toda vez que, si se declara su inconstitucionalidad, podría dejar un hueco cercano a los $10 billones en recaudo. Pretender financiar el presupuesto con la renta petrolera cuando se está asfixiando el sector es un contrasentido.

De otra parte, cuando se observan los cerca de $28 billones que provendrán de otros recursos de capital, se asume que la muy baja ejecución presupuestal de esta año será fuente de financiamiento lo cual resulta desalentador o bajo el entendimiento de que los ingresos de capital también comprenden las enajenaciones o más conocidas como privatizaciones se podría concluir que este Gobierno quiere financiarse privatizando, sólo el tiempo lo dirá.

Por el lado del gasto, también se observa con preocupación, como los recursos de funcionamiento tienen un crecimiento cercano a 19%, mostrando un crecimiento descontrolado del Estado y gran parte por burocracia. No puede ser sostenible un aumento de tal tamaño en este rubro cuando estamos en un momento de desaceleración tan pronunciado y en el que según el propio Gobierno aumentará nuestro déficit con respecto a esta vigencia. No se observa disciplina fiscal

En cuanto al gasto por sectores, preocupa ver que, para el aseguramiento en salud, el crecimiento será de menos de 2% y que no se programaron recursos para inversión, es evidente que la reforma a la salud no cuenta con potencial financiamiento y que por el contrario, las deudas con el sistema seguirán acentuándose poniendo en riesgo la salud de todos.

Otra gran preocupación surge en el sector de Minas y Energía, donde los recursos apropiados para los subsidios eléctricos sólo alcanzarían hasta el mes de agosto con lo cual es evidente el riesgo en que se encuentra el sistema y se incrementa la posibilidad de un apagón financiero. La línea de Findeter no alcanza ni para pañito de agua tibia.

Bajo este panorama, es altamente probable que el Gobierno del cambio nos sorprenda el próximo año con una nueva reforma tributaria en la que pretenderá, nuevamente, asfixiar aún más al sector productivo. Es insostenible.