En riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal

En estos días, mientras los colombianos se encuentran pensando en las fiestas de fin de año, el Gobierno y en especial el Ministerio de Hacienda, deben estar devanándose los sesos en la búsqueda de las formas para cuadrar las finanzas públicas, dar cumplimiento a la Regla Fiscal y honrar las obligaciones a cargo del Estado.

Lo cierto es que las cuentas no cierran y que las cifras económicas, las cuales han venido mostrando un ligero síntoma de recuperación, podrían irse al traste por el desempeño fiscal. Hoy vemos que la inflación se está controlando, que en 2025 se encontrará en el rango meta del Banco de la República y que el crecimiento de nuestra economía muestra una importante reacción frente al muy pobre desempeño del año pasado. Se espera cerrar este año con un crecimiento cercano a 1,8% o 2% y cerrar con una inflación entre 5,1% y 5,5%.

Sin embargo, frente al comportamiento fiscal, las cifras resultan muy preocupantes. En materia tributaria, en el mejor de los casos, el recaudo de este año resultará inferior en $57 billones al que se aprobó en el presupuesto, en el cual se preveía que el mismo ascendiera a los $315 billones y en la última actualización del Gobierno escasamente ascenderá a los $258 billones, con una caída en términos reales cercana a 14% frente a 2023.

De otra parte, la colocación de nuestra deuda pública se ha visto golpeada por la incertidumbre política y económica que está atravesando el país. Este efecto se ha visto principalmente en los Credit Default Swaps-CDS a 10 años donde se observa que nos encontramos muy por encima de países como Brasil, el cual, contando con una calificación de riesgo inferior a la colombiana, está pagando tasas inferiores a las nuestras, hoy esta diferencia asciende a casi 45 puntos básicos. Esto denota que nuestra calificación crediticia ha mostrado un fuerte deterioro, llegando a niveles de ser considerada deuda especulativa.

Lo anterior, unido a las discusiones que ha mantenido el Ministerio de Hacienda con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público -Cicp, la cual ha impedido que se realicen las operaciones de deuda externa necesarias para financiar el presupuesto y de acuerdo con el Gobierno pone en riesgo el pago de las obligaciones financieras del Estado y llevaría al mismo a un default. Sobre el particular cabe mencionar que el Decreto 2757 de 2005 en su artículo 7° menciona que si la Comisión no rinde concepto, el Ministerio de Hacienda puede continuar adelante con las operaciones de crédito, con lo cual este riesgo se puede mitigar.

Ante todos estos riesgos en materia de ingresos y el aumento del costo de nuestra deuda, donde vale la pena mencionar, que la última subasta de TES verdes con vencimiento 2031 se efectuó a una tasa de superior a 10% la cual se considera bastante alta, el Gobierno Nacional anunció un recorte del presupuesto de 28 billones de pesos, el cual resulta absolutamente insuficiente pues se estima que el mismo debe ser cercano a los $60 billones. Si bien el Gobierno ha manifestado que con manejo de caja PAC se espera lograr el ajuste requerido, lo cierto es que parece muy difícil efectuar semejante recorte en el gasto cuando ya estamos a principios de diciembre. Debe quedar claro que el manejo del PAC lo que implica es que obligaciones previamente adquiridas no se pagarán en los términos establecidos y se postergarán para ser honradas el próximo año.

Todo lo anterior pone en riego el cumplimiento de la Regla Fiscal, que no es otra cosa que el instrumento mediante el cual el país muestra la estabilidad de las finanzas públicas y la capacidad de pago de sus obligaciones, con lo cual su incumplimiento traería graves consecuencias en materia de tasas de interés y devaluación de nuestra moneda. Esta situación sin duda afectaría gravemente la inflación, estancaría aún más la inversión tanto pública como privada y detendría nuestro crecimiento. El riesgo es muy alto y el panorama de 2025 puede ser desolador.