“El Estado soy yo” es la famosa frase pronunciada por Luis XIV, que parece ser la máxima de nuestro presidente Gustavo Petro. Sin embargo, para su pesar, en los últimos días las instituciones en Colombia han mostrado que nuestro Estado social de derecho, lejos de pertenecerle, es sólido y democrático, resaltando que el diseño efectuado por la Constitución del 91 ha servido como muro de contención ante sus anhelos autoritaristas.

Nuestro diseño institucional, que tiene como uno de sus fines primordiales contener los abusos y atropellos del gobernante, se fundamenta en la separación de poderes, no siendo otra cosa que un mecanismo de frenos y contrapesos para garantizar la efectividad de los derechos de todos los ciudadanos, las libertades individuales, la iniciativa privada y la existencia misma del Estado, el cual se ha visto amenazado por los feroces ataques del presidente y su Gobierno, pretendiendo socavar su independencia y desconocer el imperio de la ley.

Pero, para pesar del presidente que dice ser la voz del pueblo y el último libertador, las instituciones han soportado sus embates y han demostrado la importancia de defender y preservar la Constitución del 91 que hoy el presidente quiere suprimir. La Corte Constitucional, defendiendo la majestad del Congreso en representación de la democracia, suspendió la emergencia económica que pretendía desconocer la decisión del Legislativo de no imponer nuevos impuestos en contra del sector productivo del país. Esta fue una victoria en dos sentidos: primero, mostró que el Congreso no se doblegó ante el Ejecutivo, su mermelada y sus amenazas; y, segundo, la Corte protegió la supremacía de la Constitución y no permitió que se abusara de los estados de excepción.

Días después, la junta directiva del Banco de la República, dando cumplimiento a su mandato constitucional de contener la inflación y demostrando el valor que representa su independencia para la sostenibilidad económica y de las finanzas públicas, contra todas las presiones indebidas del Gobierno, decidió aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, con el propósito de mitigar los efectos de la desmedida e irresponsable decisión de Petro de aumentar el salario mínimo en más de 23%. Recordemos que sin estabilidad económica ni finanzas públicas sanas, todos nuestros derechos y libertades quedarán reducidos a ser letra muerta en un papel sin valor.

Esta semana, para preservar los valores democráticos fundamentales y garantizar unas elecciones justas con apego a la Constitución y la ley, el Consejo Nacional Electoral determinó que Iván Cepeda no podía participar nuevamente en una consulta, por haber participado en una anterior y por ser designado como candidato para representar las terribles políticas del actual Gobierno. De igual manera, anuló la candidatura a la Cámara de la coalición del Pacto Histórico en muchos departamentos, por violar la ley electoral y pretender aprovechar su fuerza en detrimento de la democracia y de las minorías.
En las elecciones del 8 de marzo, en las que elegiremos nuevo Congreso, estaremos jugándonos el primer tiempo en la defensa de nuestra democracia y nuestras libertades. Son los senadores y representantes quienes definirán si nuestra Constitución sobrevive o nos tiramos al abismo al que nos quieren conducir los llamados progresistas, en cabeza de Gustavo Petro e Iván Cepeda, quien, entre otras cosas, ha dicho que, de ser presidente, acabaría con el Banco de la República, reduciría la iniciativa privada para estatizar determinadas actividades económicas e intentaría dividir nuestra sociedad en una estúpida lucha de clases.

Nos jugamos nuestro futuro y no podemos ser ajenos a nuestra responsabilidad. Debemos acudir masivamente a las urnas a votar por quienes defienden la Constitución, nuestras libertades y derechos, el modelo productivo y la iniciativa privada, pero especialmente debemos decirle al tirano y a su heredero que ellos no nos representan.