Recuerdo cuando, en el gobierno del presidente Iván Duque, propusimos gravar parte de la canasta familiar con IVA y devolver este impuesto a 40% de la población más vulnerable, una medida que, de haberse aprobado, hubiese sido la más progresiva de las últimas décadas y habría contribuido a disminuir fuertemente el índice de Gini, que mide la desigualdad en los países. El Pacto Histórico incendió el país en una escalada terrorista que quiso adornar con el término de estallido social; afortunadamente, la justicia ya desenmascaró esta falacia. El presidente Petro, una vez en el poder, prometió no gravar a los menos favorecidos, pero, a través de un eufemismo, los engañó al aplicar un tributo a su canasta familiar mediante los llamados impuestos saludables, con la sutil distracción de proteger el sistema de salud.

Para imponer los impuestos, argumentó que encarecer bebidas azucaradas y ciertos alimentos ultraprocesados mejora la salud pública, corrige malos hábitos y, de paso, ayuda a financiar al Estado. Sin embargo, cuando se mira con detenimiento quién paga, cómo se recauda, qué efectos produce y qué tan eficaz resulta para cambiar indicadores de salud, la conclusión es menos cómoda: estos impuestos pueden terminar siendo una política costosa para los hogares vulnerables, lesiva para las tiendas de barrio e insuficiente frente a los problemas que dice resolver. Seamos claros: este impuesto tiene un impacto real, y es que el pago recae en el consumidor final. Mientras para un hogar de ingresos altos ese aumento puede ser marginal, para uno de bajos recursos cualquier incremento en alimentos y bebidas obliga a recortar otras necesidades, lo que hace que su sacrificio sea mucho mayor. La canasta familiar pesa cerca de 22% del presupuesto de un hogar de ingresos bajos; en contraste, tan solo representa un poco más de 7% del de uno de ingresos altos. Resulta increíble, pero el país recauda mayores ingresos por los impuestos saludables que por el gravamen al patrimonio. Hoy, que se habla de eliminar el segundo, es momento de suprimir también los impuestos saludables, tanto a alimentos ultraprocesados como a bebidas azucaradas.

Si bien está claro que estos impuestos afectan en mucha mayor proporción a las personas de bajos recursos, se deja de lado que perjudican igualmente a las economías que las abastecen, es decir, a los pequeños tenderos, que son quienes principalmente se nutren de la venta de este tipo de productos. Se calcula que los productos gravados con estos impuestos representan cerca de una tercera parte de sus ingresos diarios, con lo cual, en caso de que estos tributos sean efectivos para reducir el consumo, premisa que no está demostrada, afectarían en forma grave su sustento. Hoy, según Fenalco, en el país existen alrededor de 500.000 tiendas de barrio, que son las más afectadas por esta medida. Otra vez, golpeando a los más necesitados. Lo último y más contundente tiene que ver con la falacia del gobierno Petro de financiar la salud pública. Solo es cuestión de observar cómo quebró el sistema de salud, que hoy enfrenta su peor momento por la deuda acumulada por el gobierno con los diferentes operadores, que, según distintas cifras, puede alcanzar cerca de $40 billones, pues en su administración no se efectuaron ni los pagos que se requerían ni los ajustes a la UPC que en varias ocasiones exigió la misma Corte Constitucional y que el nefasto ministro Jaramillo se pasó por el forro. El presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado su intención de desmontar los impuestos saludables, que fueron una estrategia disfrazada para gravar la canasta familiar y que pagan principalmente, y en mayor proporción frente a sus ingresos, las personas de menores recursos. Además, afectan las economías de barrio y el sustento de más de 500.000 hogares, y no financiaron el sistema de salud, que se encuentra en cuidados intensivos. Es el momento de hacerlo y de dejar el engaño de buscar financiar el presupuesto con el argumento de proteger la salud.