Ya no es una especulación: todo el país es consciente de la magnitud del próximo fenómeno de El Niño. Para nadie es un secreto que el gobierno de Gustavo Petro dejó al país absolutamente expuesto. El riesgo de apagón es cierto. La inestabilidad del sistema es real. Las consecuencias económicas, inevitables.

El actual gobierno tiene la obligación de contar con todas las herramientas para evitar ese apagón. Sin embargo, si esto ocurre, no será su responsabilidad. Dicho lo anterior, es claro que tanto el gobierno, a través del Presupuesto General de la Nación, como los ciudadanos, al momento de pagar las tarifas de energía, tendremos que hacer un esfuerzo adicional y entender que el servicio será más costoso. Es ilusorio pensar que los generadores van a producir a pérdida, esto es, que el precio para los usuarios sea menor a su costo real. Dado que tenemos certeza de la insuficiencia de las fuentes hídricas, resulta indispensable acudir principalmente a la generación térmica en un momento en el que el precio internacional de los combustibles está disparado y, adicionalmente, la producción nacional no alcanza.

Ante este panorama, resulta difícil entender cómo puede pretenderse disminuir el costo de la energía, principalmente en la Costa, más aún cuando se tienen deudas millonarias con el sistema, producto del no pago de los subsidios por parte del gobierno anterior y de la desastrosa intervención de la empresa Air-e, que ya acumula pasivos cercanos a $5 billones. Pagar esas obligaciones resulta imperativo para que las empresas tengan la caja suficiente para sobrellevar un momento de escasez. Sin embargo, no es suficiente con dejar las cuentas al día: debe establecerse un fondo que permita que el Presupuesto pague la diferencia entre la tarifa que se le cobra al usuario y el costo real de la energía. No es suficiente el esquema establecido en el Fondo Empresarial, no es suficiente permitir líneas de crédito flexible o con tasa compensada; hemos visto que mecanismos como la opción tarifaria terminan siendo un castigo para las empresas, que no recuperan los ingresos esperados.

En este contexto, intervenir el mercado no es la solución; por el contrario, debe abrirse en la mayor medida y permitirse opciones como la adoptada por el Ministerio de Minas y Energía, en el sentido de dar libertad a los operadores de utilizar cualquier fuente de energía en cualquier condición. Pero el déficit de energía sigue ahí.

Sería importante analizar la posibilidad de una compra centralizada, por parte del gobierno, de la energía no comprometida para aportar estabilidad al sistema, así como reducir los impuestos a los combustibles para la generación con el fin de alivianar la carga fiscal y la tarifa a usuarios. Puede pensarse en pagar una prima a los generadores hidráulicos por mayor almacenamiento y buscar la suspensión temporal de los permisos ambientales y sociales para la entrada de toda nueva fuente de energía. Es necesario un monitoreo diario a cada uno de los actores para evitar que alguno salga del mercado; no es momento de hacer mantenimientos; debe asegurarse que toda la capacidad esté disponible el día que se requiera, y debe castigarse a quienes consuman en exceso o desperdicien agua y energía.

En un momento de restricciones fiscales, resulta imperativo que se den herramientas al sector privado para realizar este tipo de inversiones. ¿De qué sirve cobrar IVA a los bienes de capital dedicados a este sector si ese mayor costo se traduce en escasez o en energía excesivamente cara? Es indispensable no castigar al sector privado al obligarlo a asumir estos mayores costos, porque, de hacerlo, las inversiones que se requieren para garantizar la energía en el futuro no llegarán. No puede afectarse la seguridad jurídica, no puede ponerse en riesgo la inversión por superar esta emergencia. Es momento de un ahorro forzoso: debe pensarse en pequeños ciclos de reducción del consumo y anticiparse para no vivir la experiencia del año 91; es mejor hacer esfuerzos hoy que lamentarnos después.