La coyuntura económica que enfrentamos impone un gran reto para el cual el país debe estar preparado. Los factores adversos son múltiples y la necesidad de generar confianza se constituyen en el pilar fundamental. La inflación que no encuentra techo, 13.28% la más alta desde 1999, las consecuentes elevadas tasas de interés de 12.75% en la de intervención y de 46,26% para la usura, contraerán fuertemente el consumo e inevitablemente disminuirán la inversión.

Así mismo, la fuerte devaluación y la gran salida de capitales extranjeros en el mercado de TES tal y como se vio en el mes de febrero, presionarán aún más la depreciación de nuestra moneda y el mayor costo de nuestro financiamiento. Esto sumado a las bajas perspectivas de crecimiento económico para este año, entre 0 y 1.5%, nos muestran un panorama que genera pesimismo y preocupación.

Al mismo tiempo, los anuncios del Gobierno con implicaciones económicas generan incertidumbre, el cambio de las reglas de juego con la consecuente inseguridad jurídica, tienen en vilo los proyectos de inversión. La reforma a la salud, que elimina el concepto de aseguramiento, crea un elevadísimo gasto público, elimina los incentivos para la racionalización de los gastos, al mismo tiempo que excluye del sistema al sector privado, pues coarta la libertad de elegir y competir, ponen en riesgo la inversión en el sector y más grave aún, la calidad y sostenibilidad del servicio.

Los anuncios de la reforma laboral que pretenden generar situaciones económicas a partir de la ley, resultan contrarios a toda lógica de mercado pues consideran de una parte, que la productividad se incrementará por el aumento en el ingreso de los trabajadores y no al contrario como lo demuestra la evidencia y, de otra parte, que está dirigida a los que hoy cuentan con empleo formal y a los sindicatos, convirtiéndolos en una minoría privilegiada y haciendo más costosa la contratación. Esto terminará por aumentar el problema del desempleo y la informalidad al destruir puestos de trabajo y condenar a empresas al fracaso.

La asunción de funciones tarifarias en la regulación de los servicios públicos, que en buena hora el Consejo de Estado suspendió mostrando la fortaleza de nuestras instituciones, lo único que produce es incertidumbre en los inversionistas en especial de energía y gas, puesto que inversiones a largo plazo a las cuales se les cambian las reglas de juego en la mitad del camino, terminan por no realizarse y nuevamente ponen en riesgo la participación del sector privado en estas actividades así como del sistema.

El anuncio de la reforma pensional, en la cual se pone en riesgo el ahorro individual de las personas que optaron por las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, es importante indicar que además de configurarse una expropiación de los recursos de los ahorradores, se pone en riesgo el financiamiento del Estado puesto que los Fondos son los mayores compradores de deuda pública, circunstancia que amenaza la estabilidad de las finanzas del Estado y nuevamente excluye a los privados de una actividad económica. No es un secreto que las AFP estarían condenadas a su desaparición y quiebra.

Así las cosas, el panorama que indefectiblemente nos va a llevar a una crisis económica implica que se tomen medidas impopulares pero que garanticen que las consecuencias no se prolonguen en el tiempo, que se actúe con responsabilidad y, en especial, que se genere confianza que es el pilar de la sociedad y del comportamiento económico. Los grandes líderes se conocen en la adversidad y ante este panorama sombrío es momento de tomar decisiones efectivas, así las mismas sean impopulares, es momento de sacrificar el capital político en aras de preservar los logros sociales alcanzados, retirar la reforma a la salud, hacer una reforma laboral en la que se disminuyan los costos y se de mayor libertad a las empresas de prescindir de trabajadores, generar condiciones de flexibilidad laboral, de proteger al sector privado, fortalecer su liderazgo, y en especial, de racionalizar el gasto con recortes efectivos, mostrando disciplina fiscal.