En la historia de nuestro país, el presidente de la República, una vez culminado el preconteo, ha reconocido el resultado de las elecciones, se ha comunicado con el presidente electo y le ha expresado su voluntad de iniciar un proceso de empalme en el cual le mostrará la situación en la que entrega el gobierno, los principales riesgos que enfrentará la nueva administración, la situación de las finanzas públicas, así como todos los proyectos y procesos en curso que debe culminar la siguiente administración. En otras palabras, le entrega un diagnóstico pormenorizado del país. Gustavo Petro no lo hizo, demostró nuevamente que nunca tuvo talante democrático y que es una real amenaza para nuestra democracia, instituciones y sociedad.

Adicionalmente, la ley establece cómo debe efectuarse el empalme entre los dos gobiernos, pues el Estado no puede parar en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. No es un acto de cortesía, es la responsabilidad de la administración pública la que indica e impone que el funcionamiento del aparato estatal central no se frene, teniendo en cuenta que los gobernantes son temporales, pero las obligaciones con los ciudadanos y las instituciones no se detienen.

Lo anterior impone otra obligación al gobierno saliente que tampoco ha cumplido y por lo cual deberá responder ante el país y la justicia. Sin embargo, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella fue elegido para resolver los problemas en que nos dejó sumidos Gustavo Petro y, por tanto, deberá hacer uso de la información disponible, apoyarse en los documentos de los centros de pensamiento, gremios e instituciones y, desde el primer día, tomar las medidas necesarias en los principales aspectos que afectan la vida de los colombianos, su acceso a los bienes y servicios, las finanzas públicas y la seguridad, con el fin de detener el desgreño que hoy vivimos.

El nuevo mandatario debe dedicarse a gobernar y no caer en la tentación de vivir culpando a su antecesor, como lo ha hecho todo el tiempo Gustavo Petro. Debe concentrarse en resolver todos los problemas que hereda. A partir del 8 de agosto, los ciudadanos no separarán las distintas administraciones y le exigirán al Estado la salvación del sistema de salud, que no exista apagón, que el país no se quiebre y eso lo tendrá que garantizar su gobierno. Gobernar implica tomar medidas impopulares y, en especial, gastar su capital político. No puede caer en el peor pecado de los gobernantes que lo han precedido: pensar en su legado, pues, al concentrarse en ello, dejan de tomar las decisiones difíciles que el momento amerita. Mantener la popularidad se vuelve su principal temor y el mayor obstáculo para su eficiencia.

La transición debe concentrarse en que el Estado no se frene, en que corregir el rumbo no implique poner freno de mano a la administración y ejecución del gobierno. Debe corregirse sobre la marcha y, para eso, es necesario que en los primeros días se tomen las decisiones de carácter administrativo que impriman la dirección y el rumbo que el presidente Abelardo De La Espriella le quiere dar al país. Resulta imperativo que el gobierno, con la colaboración del Congreso, modifique integralmente el presupuesto para el año 2027 o, de lo contrario, se habrá perdido un año en la dirección del país. No debe esperarse a la existencia del plan de desarrollo para tomar las medidas y asignar los recursos que el país necesita. No hay tiempo que perder para iniciar el recorte del gasto público, con especial énfasis en la burocracia militante y sin preparación, que está llevando al Estado a la quiebra. La austeridad fiscal debe verse desde el primer día.

Pero, sin lugar a dudas, el principal cambio que se debe mostrar y que dará tranquilidad de que inició la transición será demostrar, sin titubeos, el irrestricto respeto por la Constitución y la ley, hacer explícita la voluntad de trabajar coordinadamente con las demás ramas del poder público, reconociendo su independencia y autoridad.