El próximo Gobierno, cualquiera que sea, enfrentará un reto de magnitudes incalculables. Se enfrentará a la tormenta perfecta: no existirá curva de aprendizaje, no tendrá siquiera el margen de los 100 días. Gustavo Petro y su horda ejercerán una oposición descarnada, sin escrúpulo alguno ni consideración por el país; lo hemos visto estos cuatro años. Enfrentará, además, un país dividido. Todos sabemos que las políticas públicas, en especial las grandes transformaciones, no ocurren de un día para otro y, en la mayoría de los casos, implican modificaciones legales. Sin embargo, las demandas sociales y las expectativas de los ciudadanos no darán margen de espera, siendo imperativo para el Gobierno mostrar victorias de manera inmediata. Por esto, resulta indispensable identificar los mangos bajitos que muestren con contundencia acciones inmediatas, que garanticen la gobernabilidad necesaria para efectuar los cambios estructurales que Colombia requiere.
Desde el 7 de agosto, el Gobierno debe tomar las medidas de su competencia que generen efectos inmediatos y no requieran modificaciones legales. Es indispensable que identifique las cinco principales problemáticas que el país enfrenta, las cuales, en mi opinión, se pueden agrupar de la siguiente manera: 1. Seguridad urbana y rural; 2. Salud; 3. Seguridad energética; 4. Inversión privada, y 5. Finanzas públicas y sostenibilidad fiscal.
En materia de seguridad, es evidente que la principal medida que se debe adoptar, mientras se deroga la política de la paz total, es levantar todas las suspensiones de las órdenes de captura a los mal denominados gestores de paz, que no son otra cosa que delincuentes cobijados y protegidos por el Gobierno. Igualmente, es imperativo terminar los procesos de paz territoriales y liberar a la fuerza pública, que hoy se encuentra maniatada, para que pueda combatir a las organizaciones criminales. En salud, debe establecerse una política de choque que incluya medidas inmediatas en materia de atención a los pacientes que hoy enfrentan fuertes barreras de acceso y retrasos en los servicios; suministro de medicamentos, que hoy están en escasez; actualización de la UPC; pago inmediato de la deuda corriente con el sistema, así como la regularización y devolución de las EPS intervenidas, ya que esta decisión ha afectado la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud.
En seguridad energética deben adoptarse varias medidas. Es necesario pagar la deuda con el sistema para disipar el riesgo de apagón financiero; establecer un plan inmediato que permita el abastecimiento e importación de energía e hidrocarburos, teniendo en cuenta el riesgo del súper Niño que se ha venido avizorando; asegurar la disponibilidad de todas las fuentes de energía y garantizar que todas las generadoras estén operativas. Igualmente, se debe reactivar de manera inmediata la exploración y explotación de hidrocarburos bajo todas las modalidades, así como la celebración de nuevos contratos.
En inversión privada, lo más importante es generar confianza. Para ello, se debe dar tranquilidad en cuanto al cumplimiento y acatamiento de los compromisos asumidos por la Nación con los inversionistas; demostrar absoluto respeto por las instituciones; reafirmar el compromiso del país con la sujeción a los tribunales internacionales de inversión y establecer diálogo directo con el sector productivo para, de la mano, diseñar un programa de reactivación económica.
En finanzas públicas, lo primordial es disminuir la prima de riesgo que hoy paga el país. Eso se logra sincerando las cuentas fiscales y mostrando una senda real de ajuste con viabilidad política. No se puede hablar del cumplimiento de la actual Regla Fiscal en 2028: no es creíble. Debe dotarse de dientes al Comité de la Regla Fiscal y presentarse un programa de recorte del gasto, de reducción del tamaño del Estado y de crecimiento sustentado en la inversión privada. Esta es la cuota inicial que el país necesita para superar esta horrible noche.