Los datos de crecimiento económico que reveló el Dane, resultan absolutamente preocupantes; ni los más pesimistas esperaban que se diera una cifra negativa, nuestra economía se contrajo en 0,3%, una situación de esta naturaleza únicamente se había presentado durante la pandemia y fue una condición observada a nivel mundial.

Lo anterior muestra la incapacidad e inoperancia de este Gobierno. Su ataque constante al sector privado ha generado un ambiente de incertidumbre que espantó la inversión.

Su postura dogmática, según la cual el Estado y el sector público son el principal agente y motor de la economía y de la provisión de bienes y servicios, está mostrando sus profundas consecuencias. La caída de la construcción en 8%, de la industria manufacturera en 6,2% y del comercio en 3,5% demuestran la desconfianza de los principales sectores económicos y de los consumidores con las políticas públicas propuestas por el Gobierno.

Estas cifras son, entre otras razones, el resultado de una reforma tributaria hostil con el sector privado, centrada en las rentas corporativas, que les restan competitividad frente a otros mercados dada la alta carga impositiva que les impone. En el sector de la construcción la estrepitosa caída en materia de vivienda, se explica principalmente por la improvisación del Gobierno en el cambio del esquema de asignación de subsidios y en el retraso en su pago, el cual había mostrado todo su éxito. Según Camacol a causa de este factor, se han dejado invertir cerca de $17 billones y la caída en venta de viviendas se acerca a 50%.

En cuanto al sector industrial, existe un panorama muy complejo, pues la incertidumbre de los mercados, el alto costo del capital y los continuos mensajes que generan zozobra e inseguridad jurídica, así como la incertidumbre que generan las reformas que se tramitan en el Congreso, han frenado en seco la inversión privada que muestra una caída de más de 11%. Las consecuencias en materia de empleo no se harán esperar y serán profundas.

Sin inversión no se podrá generar empleo, se destruirán puestos actuales y no habrá crecimiento. De igual manera, la muy alta inflación que se encuentra lejos de estar controlada, ha generado que el consumo de los hogares se vea afectado, impactando directamente el sector comercio.

Para colmo de males, el Presidente pretende acabar con la Regla Fiscal que se constituye en el mecanismo para mostrarle a los mercados la capacidad de pago que tiene el Estado. Con eliminarla, lo único que obtendrá, será un menor acceso al crédito, aumento en la tasa de interés que se cobra al país y en la que se endeuda el empresario y el ciudadano, generándose así otro desincentivo a la inversión y devaluando fuertemente nuestra moneda.

Más absurdo aún, resulta pretender que el impulso de la economía y el generador de dinamismo sea un sector público mal manejado, el cual ha demostrado incapacidad de acción y, sobre todo, de ejecución. El ánimo estatizante del Gobierno y la propuesta de reactivar la economía a través del Estado, se ve truncado por la incapacidad de ejecutar. La política contra cíclica no puede ser endeudar más el Estado para convertirlo en un gran ejecutor.

El país requiere certeza en las reglas de juego, seguridad jurídica y atracción de la inversión. Lo cual sólo se logra con mensajes que no atenten contra la generación de empleo como la reforma laboral, que no atenten contra el ahorro privado como la reforma pensional y que no atenten contra las garantías y la vida como la reforma a la salud.

El sector privado ha demostrado excelencia en la prestación de los servicios públicos, en la generación de bienestar, en el impulso del crecimiento y en la generación de empleo. Sustituir la iniciativa privada por un estado paquidérmico pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad económica. Permitir la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos y minerales en este momento puede constituirse en un dinamizador de la economía en esta coyuntura.