La semana pasada el diario Portafolio publicó un artículo en el cual hacía mención a las inconsistencias que presenta el decreto 2295 de 2023 que liquida el Presupuesto General de la Nación para 2024, el cual se constituye en la base para ejecutarlo durante este año, sin embargo, debe generar una gran preocupación, pues está poniendo en riesgo a toda nuestra sociedad.

En una decisión sin precedentes el Gobierno decidió desconocer el Estatuto Orgánico de Presupuesto y expedir el decreto de liquidación violando conscientemente la ley y engañó al Congreso al modificar lo aprobado obrado. El riesgo consiste entonces, en que cualquier ciudadano puede en este momento demandar este decreto ante el Consejo de Estado y pedir su suspensión provisional con lo cual el efecto que se generaría sería la imposibilidad de ejecutar el presupuesto.

Esto no es un asunto menor, ya que la eventual suspensión implicaría que el Gobierno no pueda efectuar pago alguno al no tener habilitación legal para hacerlo, no puede cumplir las obligaciones ordinarias del Estado, como pagar los salarios de los funcionarios, efectuar los giros para salud y pensiones, no existirían subsidios y en pocas palabras se daría un colapso de nuestra institucionalidad; un caos absoluto. ¿Alegará entonces rompimiento institucional?

Sin embargo, el Gobierno tiene la posibilidad de enmendar su error, a través de un decreto de yerros y cumplir con la normatividad, resulta increíble que hasta la fecha no lo haya hecho cuando se encuentra advertido del riesgo. ¿Cuál será entonteces la motivación para no hacerlo? Acá entra entonces el aspecto material por el cual no lo han realizado y me atrevo a afirmar que es el de mayor gravedad. El gobierno quiere ejecutar el presupuesto desde palacio desconociendo los principios presupuestales y las obligaciones previamente adquiridas.

Veamos, el presupuesto consiste en la autorización de gasto que se le otorga a cada una de las entidades para el pago de sus obligaciones y la ejecución de sus proyectos, es así como tiene un nivel de detalle o desagregación en el que se lleva hasta el proyecto específico que se autoriza a cubrir. Por ejemplo, se indican los recursos destinados para el pago de las obras de la vía Bogotá - Girardot, la cual fue contratada previamente y respaldada con vigencias futuras y, sólo si existe este rubro asignado a la entidad competente en el decreto de liquidación del presupuesto, el pagador de esta entidad puede proceder con el mismo.

Pues bien, el gobierno nacional de forma premeditada decidió no desagregar el presupuesto y mantener los recursos en una sola bolsa en los sectores de infraestructura de transporte y de educación con lo cual puso en riesgo el pago de las grandes obras puesto que, en primer lugar, no existe autorización para tal propósito y, adicionalmente, confunde los recursos de cada proyecto haciendo casi imposible su control y administración. Tal decisión sólo puede obedecer a dos intereses desde palacio.

El primero, como lo ha manifestado públicamente el Presidente, consistente en ejecutar los recursos a través de las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal etc., a las que les entregaría los recursos directamente y con esto desconocería la institucionalidad y tendría una base de apoyo de los ciudadanos en sus intenciones políticas, al entregar recursos para que la ejecuten directamente. Solo hay que recordar al ministro del Interior mencionando hace unos días que la reconstrucción de los centros de salud se haría a través de estas figuras. Está comprando al pueblo.

El segundo, tiene como finalidad arrodillar a los empresarios del sector que desarrollan las grandes obras de infraestructura que al no poder hacer exigibles las obligaciones de pago a su favor, tendrán que ir a llorar ante el Gobierno para que les pague. Esto se constituye en un elemento de presión infinito con el cual los obligará a apoyar sus iniciativas si quieren recibir sus recursos. Que peligro.