Uno de los principales retos que hoy enfrentamos como sociedad es la defensa de la estabilidad fiscal, de la salud de las finanzas públicas y, en el fondo, de la solidez de la economía.

Resulta preocupante el anuncio del Presidente de la República, en el sentido de querer renegociar las condiciones del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional-FMI para la atención de la pandemia, que tomó el Estado colombiano en excelentes condiciones y que fue otorgado por la confianza que históricamente se ha tenido en el país, teniendo en cuenta nuestra seriedad en los pagos y el prudente manejo macroeconómico.

Debe recordarse que, con el fin de afrontar la pandemia, la mayoría de los países, casi sin excepción, incrementaron su deuda pública para atender esta emergencia y, en el caso de Colombia, este crédito sirvió para preservar la vida de los ciudadanos con la adecuación de la infraestructura hospitalaria necesaria, la compra de vacunas y tratamientos, resaltando especialmente la necesidad de asumir la totalidad de los costos de la atención integral de los pacientes.

También se destinó a la protección de la población más vulnerable y la preservación de la mayor cantidad de puestos de trabajo, con la creación de los programas de Ingreso Solidario y subsidio a la nómina, los cuales permitieron reactivar nuestra economía una vez superada esta terrible situación.

Resulta aún más preocupante, según lo expresado por el Presidente, que la justificación de esta solicitud al FMI sea tener más espacio para gastar en los programas sociales que él promueve, puesto que la deuda que se adquirió debe pagarse para mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

Así lo entendió el Gobierno anterior que inició un proceso de ajuste y redujo la deuda adquirida; sin embargo, para este año se proyecta su aumento significativo que no se justifica y pone en riesgo su sostenibilidad.

No pagar en la deuda con el FMI como está estipulado y, al contrario, aumentar el gasto, incrementará más el déficit, generará desconfianza en los mercados, nos hará perder opciones de financiamiento, encarecerá la deuda y culminará en la reducción de recursos de inversión debido a que se tendrán que dedicar mayores esfuerzos para el pago de intereses.

Entre menor capacidad de pago mostremos, más difícil y costoso resultará financiar nuestro presupuesto. Perder este tipo de líneas de crédito es perder un seguro para los momentos de crisis a los que nos veamos enfrentados.

Señor Presidente, este tipo de anuncios improvisados e irresponsables, tal y como ocurre con el desconocimiento de los compromisos honrados con vigencias futuras y su eventual renegociación, están poniendo en riesgo el financiamiento de nuestro presupuesto, pero principalmente la inversión que se constituye en el principal dinamizador del crecimiento económico y de la generación de empleo.

Con preocupación observamos el nulo crecimiento de nuestra economía en 2023 y cómo todos los analistas son cada vez más pesimistas sobre el comportamiento que tendremos este año. Las cifras así lo muestran en la mayoría de los sectores, con mayor preocupación en la industria, el comercio y la vivienda.

De otra parte, las cifras de ejecución presupuestal y sobre todo de gastos de inversión son muy preocupantes siendo las más bajas de los últimos 20 años. Esta es una de las consecuencias de sacar y maltratar a los funcionarios técnicos y remplazarlos por activistas que no saben ejecutar.

De confirmarse la tendencia de nulo crecimiento, caída en la inversión, inseguridad jurídica, incremento de la deuda y del déficit fiscal, estaremos condenando al país a un aumento significativo del desempleo, a un mayor costo del capital, a restricciones a su acceso y pérdida de confianza, que conducirán sin duda a generar pobreza y a la creación de una crisis social. Resulta imperativo entonces, mantener la estabilidad fiscal, reducir la deuda pública, respetar la Regla Fiscal e incentivar la inversión.