Presupuesto de papel

El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso, el Proyecto de Presupuesto para 2026 por un monto de $557 billones; tal como se preveía, un presupuesto que no se ajusta a la realidad fiscal del país, en el cual no se hace el más mínimo esfuerzo por la austeridad en el gasto, al punto que, en términos reales, crece en 4,6% cuando se había prometido no incrementarlo. También como se anticipaba, para lograr financiar semejante monto, viene acompañado de una ley de financiamiento o reforma tributaria por $26 billones, cifra que el Ejecutivo afirma es la desfinanciación que se presenta. Con toda contundencia se afirma que esto es falso, pues el hueco en el presupuesto es infinitamente mayor.

Ese Presupuesto de $557 billones se soporta en unos supuestos bastante debatibles, entre ellos, que 2025 finalizará con un déficit fiscal de 7,1% del PIB, que, de acuerdo con el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en junio, tiene unos riesgos que de materializarse, podrían llevarlo a niveles cercanos a 8,6%, esto es un faltante de recursos adicional para este año cercano a los $27 billones. Se fundamenta igualmente en la aprobación de una reforma tributaria y en la existencia de unas reservas presupuestales en un promedio histórico. Frente a este Presupuesto, el Carf en su reciente pronunciamiento manifestó que, entre el presupuesto presentado y las metas de déficit de 6,2% para 2026, existía una diferencia de $39 billones, esto quiere decir que de no efectuarse ajustes en el ingreso o en el gasto el déficit podría alcanzar 8,2%.

Lo anterior sin contar otros fuertes riesgos adicionales que deteriorarían aún más la situación de financiamiento del presupuesto de 2026, como lo serían un nivel elevado de cuentas por pagar de este año que es lo que técnicamente se le denominan reservas presupuestales, la entrada en vigencia de la reforma pensional, así como un mayor pago de intereses por la misma incertidumbre que generan el Marco Fiscal, el presupuesto y las políticas de financiamiento adoptadas por este Gobierno. Así las cosas, se puede afirmar que el presupuesto se encuentra desfinanciado en una cifra superior a los $60 billones, lo que denota la absoluta irresponsabilidad con que este gobierno viene manejando las finanzas públicas y su total falta de transparencia.

Si bien, todos sabemos que el presupuesto es una autorización máxima de gasto, resulta mentiroso, por decirlo menos, que se presente con tal nivel de desfinanciamiento. Inflarlo, únicamente conlleva a crear falsas expectativas en los ciudadanos quienes, al observar esas cifras y esos gastos, creen erróneamente que el Gobierno les proveerá una cantidad de bienes y servicios que solo existen en el papel. Se ilusionan con la construcción de carreteras, colegios, hospitales y demás, pero son sólo eufemismos para engañar a incautos por una razón; la plata no existe.

Sin embargo, existe un peligro inminente dado que los recursos no existen, pues queda a discreción del Gobierno la decisión de ejecutar efectivamente el presupuesto. De los $557 billones autorizados solo se ejecutarían en el mejor de los casos $490 billones con lo cual, el Ejecutivo priorizará cuáles gastos se ejecutarán de forma efectiva y cuáles no y, tal libertad en momento de elecciones puede ser una herramienta política de suma importancia que puede terminar inclinando la balanza.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 será entonces una falsa ilusión para los ciudadanos, una herramienta proselitista para el gobierno, un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país y una amenaza para la democracia, pues se deben garantizar los recursos para unas elecciones libres. El Congreso deberá tener estos elementos en cuenta y ajustar el monto de este y poner en cintura al Gobierno. Nos estamos jugando el país.