Nuestro Estado se encuentra en riesgo no solo por temas ideológicos, está fracasando porque no hemos podido explicar la finalidad misma de su existencia, que no es otra que el contrato social, el cual, en una explicación simplista, tiene como objetivo garantizar la convivencia, asegurar la paz y dotar a la ciudadanía de bienes y servicios públicos para asegurar sus derechos.
No cabe la menor duda del interés de todos y cada uno de quienes han ejercido el poder y formulado de políticas públicas ha sido acertar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las cifras así lo demuestran, es innegable el avance en todos los sectores, como la cobertura en salud, mostrando una inmensa reducción en la mortalidad en especial infantil; en educación que se observa en cobertura y acceso en todos los segmentos, así lo refleja la disminución del analfabetismo; en prestación de servicios públicos como energía eléctrica, gas y agua potable; en el cumplimiento de derechos y garantías laborales solo por mencionar algunos.
Sin embargo, la ciudadanía al alcanzar estas victorias y al tener unas mínimas condiciones de vida, se ha vuelto más demandante y exige más y mejores servicios, demanda calidad, mayores oportunidades e incluso ciertos lujos y bienestar. Esto es absolutamente válido y se debe procurar. Hasta ahí estamos de acuerdo.
El fracaso consiste entonces, en que no hemos logrado explicarle a los ciudadanos que estos logros implican un esfuerzo y representan un costo que todos debemos asumir, que ese contrato social, implica obligaciones para que el Estado pueda cumplir con su deber. La primera y más obvia es el cumplimiento de la ley, la segunda, y en la que no hemos logrado que la ciudadanía la interiorice, consiste en que todos debemos contribuir a la financiación del Estado, todos debemos pagar impuestos en la medida de nuestras capacidades y, por último, que la gratuidad no existe, pues los subsidios son el pago que alguien está haciendo por mí, el Estado no es una cuenta sin límite de gasto. No es el Gobierno el que mágicamente nos regala algo, tales recursos provienen de los pagos que el resto de la sociedad han efectuado a su favor.
Es ahí donde se pone en juego la existencia de nuestro Estado, en el momento en que la ciudadanía ve la relación en un solo sentido, hoy se le exige todo tipo de bienes y servicios de forma gratuita pero la ciudadanía en su mayoría no está dispuesta a cumplir con su obligación de financiar ese gasto. No quieren pagar impuestos.
Es insostenible un país en donde únicamente pagan impuesto de renta 5% de la población, no pueden cerca de 2,5 millones de personas sostener una sociedad. Es inconcebible que existan personas que le exijan al Estado que le subsidien pensiones de 25 smlv a través de Colpensiones cuando el aporte a lo largo de su vida no alcanza 30% de ese valor. Es injusto que personas como yo no paguemos IVA por los bienes y servicios que consumimos. Un atún aleta azul no paga IVA, uno enlatado dirigido a personas de escasos recursos sí. Es imperdonable que castiguemos a las empresas con impuestos corporativos que resultan excesivos, atentando contra la inversión, el empleo, la competitividad y el crecimiento. Las empresas no son ricas, en todo caso sus dueños y ellos son quienes deben tributar. No tiene perdón que se pretendan beneficios ilimitados para los trabajadores sindicalizados y tener una informalidad superior a 50%. Es inadmisible colarse en el transporte público.
Como sociedad hemos fracasado al no lograr entender que para que poder existir debemos asumir que la ecuación debe ser, “Todos ponemos”, que esto implica el concepto de solidaridad, es decir que no se puede pensar sólo en el individuo sino en el conjunto y el bienestar de los demás. Hasta que no logremos explicar que debemos ampliar la base de contribuyentes y focalizar mejor los recursos y que todos lo entendamos, estaremos poniendo en riesgo todo lo que hemos alcanzado al asfixiar al Estado al punto de quebrarlo, toda vez que al final la ecuación será “Todos perdemos”.