Esta semana Suecia tomó una decisión que debería llamar la atención de Colombia: declaró la extracción de metales críticos y tierras raras como un asunto de seguridad nacional. No solo de política industrial o de comercio exterior, sino de interés estratégico para el futuro del país.

La viceprimera ministra, Ebba Busch, explicó que esa decisión permitirá acelerar permisos, atraer inversión y reducir una dependencia que Europa considera un riesgo sistémico: la concentración de la producción y refinación de minerales estratégicos en pocos países, justo cuando estos son indispensables para la transición energética, el desarrollo de la industria y la seguridad.

Suecia, con una riqueza geológica muy inferior a la colombiana, ya tomó esa decisión.

Colombia aún tiene pendiente una definición estratégica: reconocer que sus recursos minerales son un activo para el desarrollo y la competitividad del país. Hoy, 97% del territorio permanece sin explorar. Esa cifra refleja cuánto desconocemos de nuestro potencial y de las oportunidades que todavía tenemos por desarrollar.

Ese vacío también tiene implicaciones para la seguridad. Cuando el Estado no conoce ni ejerce plenamente soberanía sobre sus recursos estratégicos, otros ocupan ese espacio. La extracción ilícita de minerales continúa financiando economías criminales y debilitando la presencia institucional en los territorios. Por eso, la política sobre minerales estratégicos no puede limitarse a una discusión económica, también debe entenderse como una herramienta para fortalecer la presencia del Estado y la seguridad en las regiones.

Mientras tanto, el mundo avanza. Australia, Chile, Argentina y ahora Suecia han fortalecido sus políticas para desarrollar minerales estratégicos con reglas claras, mayor agilidad y visión de largo plazo. Han entendido que la manera en que un país gestiona sus recursos determina su capacidad para atraer inversión, generar empleo y participar en las cadenas globales de valor.

Colombia no necesita copiar el modelo sueco. Necesita avanzar en uno propio, uno que combine altos estándares ambientales y sociales, priorice la seguridad jurídica, el conocimiento del territorio y una visión estratégica de los minerales que el mundo demanda para la transición energética.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de liderar esa conversación y convertirla en una política de Estado. El sector minero ha manifestado su disposición para aportar conocimiento técnico y trabajar de manera articulada en una agenda que permita aprovechar responsablemente este potencial, con beneficios para las regiones y para el país.

Suecia entendió que sus minerales son un activo estratégico para su futuro. Colombia tiene la oportunidad de hacer lo mismo. La decisión no es entre minería o desarrollo, es cómo convertir nuestros recursos, con reglas claras y altos estándares, en una palanca para el crecimiento, la competitividad y el bienestar de los colombianos.