El debate sobre la licitación 4G ha puesto muchas cartas sobre la mesa, donde los intereses del Gobierno, del sector y de los operadores han encontrado un espacio para expresar su voz. Pero lo que aún no ha entrado en discusión es lo que conviene y lo que daría respuesta a las necesidades de los 47 millones de usuarios que tiene la telefonía móvil celular en Colombia.

Las quejas sobre caídas de llamadas de los usuarios, para todos los operadores, y las fallas en transmisión de datos se han incrementado en los últimos meses. Lo que el país no ha contemplado aún es que Colombia tiene la repartición de espectro más baja de la región: 215 MHz, comparados con los 635 de Brasil, 490 de México y 408 de Argentina (país de población similar a la nuestra). Este nivel de espectro se hace ineficiente en la medida en que la penetración y el número de líneas aumenta en el país. Es pretender que mayor cantidad de usuarios quepan por la misma calle construida para la población de hace varios años.

El marco regulatorio del país prevé libre acceso democrático al espectro, un recurso escaso y propiedad del Estado. Y el acceso democrático al espectro se encuentra en la infraestructura que puede proveer el sector para que todos los colombianos puedan acceder a la más moderna tecnología en telecomunicaciones. Infraestructura en la que nuestra empresa ha invertido más de US$4 mil millones que representan un 60% más de antenas que con las que cuenta el siguiente inversionista. Esta inversión porque creímos en nuestra capacidad para llevar comunicación vía celulares a todos: fuimos los primeros en apostar a planes prepago, atendemos de manera exclusiva al 6% de las poblaciones en Colombia y a hoy cubrimos el 99% de los municipios del país. Nuestra posición en el mercado es el reconocimiento de los más de 34 millones de usuarios que atendemos. Es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo de los 4.600 colombianos que trabajan para Claro de manera directa y los 40.000 que lo hacen de manera indirecta.

Siendo la misma línea de base que la de nuestros competidores, ha sido siempre Claro quien ha realizado los mayores esfuerzos y las mayores inversiones en términos de contar con una infraestructura que permita el acceso a toda la nación. Hemos creído en el país y hemos apostado a la idea de que todos podemos tener celulares: es decir, hemos operado siempre bajo principios de inclusión de todos los colombianos mientras otras empresas enfocaron sus esfuerzos en un sector un poco más exclusivo como lo es el empresarial.

Así que la discusión no es quién tiene mayor participación de mercado, sino por qué tiene mayor participación de mercado. La discusión no debe ser quiénes deben participar en la licitación, sino qué conviene a la mayoría de  colombianos. Con una penetración del 105% que ya tiene nuestro sector, las comunicaciones y el acceso a internet son liderados hoy en día por la tecnología celular y la disponibilidad de internet móvil. Y esto tiene importantes impactos en los planes de Prosperidad Democrática y Vive Digital que reconocen el impacto que esto tiene en la competitividad, la productividad y la reducción de la pobreza del país.

Nos preocupa el rezago y la brecha que se abriría en el despliegue de la tecnología 4G si no se aprovecha la infraestructura existente. ¿En cuánto tiempo podrían las demás empresas alcanzar este nivel de inversión? ¿Cuánto le costaría al país el rezago en tecnología y competitividad? ¿Cuánto le costaría al país alcanzar sus metas de reducción de pobreza, aumento de competitividad, acceso a tecnologías y brindar prosperidad democrática a todos los colombianos?

Esperamos que la decisión sea la más acertada y la que más le convenga al país. Una que sopese los impactos y que lleve al sector y a las tecnologías a sumar al país y a aportarle en términos de conseguir las metas que persigue el Gobierno, optar por la opción que permita el libre acceso y pensar en que es necesario contar con infraestructura y capacidad de inversión para permitir el ejercicio de la democracia y la competitividad en Colombia.