La mitad de la población mundial, más de 3,600 millones de personas, aún no tienen acceso a Internet. Colombia no es ajena a esa realidad aunque si está significativamente más atrasada que países pares en la región. Agrava más aún esta situación el bajo nivel de apropiación de nuestro país, es decir, la falta de habilidades de aquellos usuarios, que a pesar de que cuentan con cobertura del servicio de Banda Ancha en su lugar de vivienda y de trabajo, no les permite aprovechar positivamente la tecnología. Eso es, según datos del propio Ministerio de las Tecnologías de la Informática y Comunicaciones –MinTIC-, más de 20 millones de colombianos que hoy están marginados de los beneficios económicos y en su calidad de vida, por falta de cobertura a la red global o porque simplemente aún no son ciudadanos digitales.

El Gobierno y el sector privado tienen la obligación moral de colaborar para crear las condiciones y realizar las inversiones billonarias que se requieren para superar esta gran limitante para el desarrollo y competitividad del país. Según estimaciones del área responsable del Desarrollo de la Economía Digital del Departamento Nacional de Planeación, para lograr la brecha digital se requerirán inversiones por más de 90 billones de pesos en la próxima década. Sí, ¡eso son 90 millones de millones de pesos en 10 años! ¡Cifra en el rango del gasto de la Nación en un año!

Colombia debe recuperar e inclusive sobrepasar, por mucho, el régimen de inversión del sector privado en el sector de los años recientes para el despliegue de redes modernas que ofrezcan servicios de alta calidad a precios accesibles para los usuarios.

El proyecto de Ley de Modernización de las TIC, presentado por el Gobierno Nacional, y recientemente aprobado por el Congreso, responde a esta necesidad y su sanción presidencial no admite dilaciones resultado de interés particulares. Nueve meses de discusión en el Congreso y de socialización del MinTIC de los beneficios de esta Ley ya fueron un altísimo precio que ha pagado el país. Bondades del Proyecto como la extensión de los tiempos de asignación del espectro, redefinir este como un bien público que se debe poner al servicio de los colombianos y la unificación de los fondos del Ministerio, le permitirá focalizar los esfuerzos en reducir la brecha de conectividad, buscando recuperar el tiempo perdido que ha marginalizado a las poblaciones más vulnerables por la falta de acceso al servicio de Internet de Banda Ancha.

Esto, sin duda, mejorará la vida de los colombianos en áreas como la educación, salud, servicios financieros, el empleo, e inclusive la misma democracia, entre muchos otros campos. Así lo reconocen las metas de Desarrollo Sostenible – conocidas como SDGs por sus siglas en inglés- de las Naciones Unidad, que incluyen un indicador específico para asegurar la inclusión universal y accesible al Internet.

No hay tiempo que perder. Es preciso dar paso a la nueva institucionalidad del sector, definida también por este proyecto de Ley, en forma inmediata, dedicando todos sus esfuerzos a crear la normatividad para asignar eficientemente el espectro, que facilite el despliegue de las redes, mejore la accesibilidad de los usuarios a la tecnología y a los servicios de datos, desarrolle las habilidades para que los colombianos usen la tecnología en forma productiva, se creen contenidos y servicios relevantes, y asegure la tranquilidad y seguridad necesarias en la ciudadanía en el uso de Internet.

Hora de conectar ya a todos los colombianos que aún están desconectados