La corrupción constituye el más peligroso virus de las democracias, que afecta la legitimidad de la política y arrasa la confianza ciudadana en las instituciones.

Por su parte, la pandemia que estamos atravesando nos anticipa efectos de muy alto impacto. Será preciso dar el mejor uso a los recursos públicos, si es que queremos recuperar los ritmos de desarrollo, inclusión y equidad que reclaman nuestras sociedades.

No podemos tolerar que la corrupción haga que se malogren los tratamientos recetados por los Estados para superar el covid-19. Necesitamos inteligencia, creatividad y decisión política para enfrentarla y derrotarla, pues los remedios que hasta ahora hemos aplicado no han sido los mejores en costo efectividad.

Como sociedad estamos llamados a reconocer que todo acto corrupto vulnera los derechos de los individuos y los colectivos. Parece que se tratara de conductas abstractas e ilegales, que no tocan a los ciudadanos, cuando por el contrario, su ocurrencia deja víctimas e imposibilita al Estado cumplir su papel. Favorecer a un contratista o defraudar el presupuesto de una obra pública, no solo implica una afrenta al orden jurídico, sino que deja comunidades sin centros de salud, niños sin alimentación y poblaciones incomunicadas. Además de lesionar la moral administrativa y socavar la ética pública.

La corrupción constituye un atentado contra los derechos humanos.

Se requiere entonces reconocer, caracterizar e intervenir las víctimas de la corrupción, para que se les repare, se establezca la verdad y se garanticen esquemas de no repetición. Individuos y colectivos deben ser indemnizados por los corruptos, requiriéndose avanzar en modelos para la tasación de los perjuicios causados por aquellos, que puedan ser aplicados en forma ágil y efectiva.

El uso de la acción popular, por ejemplo, como ocurrió a instancias de la Procuraduría General ante la justicia contencioso administrativa en el caso que comprometió a Odebrecht, es un referente por aplicar en forma generalizada para afectar el bolsillo de los responsables y, especialmente, para arbitrar recursos con los cuales reparar los daños individuales y colectivos.

A la vez necesitamos colocar la tecnología al servicio de la lucha por la probidad pública. Esquemas informatizados de atención y plataformas de control, lo mismo que la operación efectiva del gobierno abierto y en línea, son esenciales. Nada de lo público debe ser reservado, ni sustraído del escrutinio público, desde las audiencias, hasta las agendas. Las facilidades tecnológicas deben permitir al ciudadano reportar y denunciar actos que puedan ser violatorios de la ley.

La lucha contra la corrupción debe ser en línea.

Necesitamos, por ejemplo, que los operadores del programa de alimentación escolar reporten diariamente a padres y colegios, las raciones que suministran y que quienes integran la comunidad educativa puedan en línea verificar las condiciones de aquellas. El SECOP habrá de contener no solo información formal sobre los contratos, sino reportes de seguimiento a su ejecución, tanto por parte de servidores públicos, como de la ciudadanía. Un video sobre el avance de una obra, habrá de ser el mejor mecanismo para exigir cumplimiento y auditar la labor contractual, permitiendo superar la idea según la cual la contratación pública, antes que dotar de infraestructura y servicios a la sociedad, es fuente de enriquecimiento indebido y de pleitos interminables.

El expediente digital en la Procuraduría General debe entrar a operar a la mayor brevedad, así como se requiere consolidar un sistema de información y análisis integral con las personerías y oficinas de control disciplinario del país, como se ordenó en el Plan Nacional de Desarrollo.

Inteligencia para combatir la corrupción, es la prioridad. Plataformas como Océano de la Contraloría y la recientemente creada unidad de inteligencia y análisis en la Procuraduría, son pasos significativos en esta tarea, que no podemos perder.

Requerimos en una era virtual y global, pospandemia, creatividad y decisión colectivas para erradicar la corrupción. No tenemos tiempo para posponer ese propósito. Sin ética la democracia se derrumba y sin probidad la reactivación no será posible.