La crisis económica que comenzó al mismo tiempo que inició la crisis sanitaria, ambas originadas por el coronavirus, no va a terminar en su totalidad antes que la propagación del virus sea controlada a través de una vacuna segura y efectiva. Según los escenarios más optimistas, ese control no acontecerá antes del segundo trimestre de 2021.

Asumiendo que el país cuente con un número significativo de dosis de una vacuna contra el Covid-19 en abril de 2021 y se comience una campaña masiva de vacunación, podríamos pensar (bajo esa hipótesis) que en junio de 2021 el país declararía la crisis sanitaria superada dado el número de inmunizados.

A partir de esa fecha comenzaría el verdadero proceso de recuperación económica. ¿Cuánto tiempo tomará esa recuperación? Depende del estado en que se encuentre el aparato productivo nacional en ese momento. A mayor deterioro, mayor tiempo nos tomará recuperarnos. Es como cuando sucede un desastre natural, si los daños fueron mínimos, es fácil reparar el sistema y recuperarse de inmediato, pero si la destrucción es significativa, la recuperación puede tomar meses o incluso años.

El Gobierno ha tomado medidas extraordinarias para proteger a los colombianos y empresas más vulnerables desde el punto de vista económico a través de programas como el ingreso solidario, la devolución del IVA, apoyo a las empresas con el pago de la nómina y la prima de junio, entre otros. Sin embargo, esas medidas fueron pensadas para el corto plazo y las dos crisis (sanitaria y económica) no van a desaparecer el 31 de agosto.

La reapertura parcial por sectores y el “recuperar la vida productiva pero no la vida social” como tantas veces lo ha repetido el Gobierno tiene todo el sentido desde el punto de vista de contener la propagación del virus y evitar un colapso del sistema de salud, pero desde el punto de vista económico es una fórmula que no permite la recuperación.

El gasto de una persona es el ingreso de otra. Compramos bienes y servicios que necesitamos o queremos a cambio de dinero que va a los que producen esos bienes o proveen esos servicios y quienes a su vez utilizan ese dinero para adquirir bienes y servicios de otros, y así sucesivamente. Por eso, el hecho que haya varios sectores completamente cerrados (como el transporte aéreo de pasajeros, el de hoteles, bares, eventos deportivos, actividades deportivas, entre otros) u operando parcialmente (como el de restaurantes), significa que la contracción económica se extiende a todos los demás.

La mala noticia es que así el gobierno autorizara la reapertura total de todos los sectores (como si el virus ya no existiera), el consumo “precrisis” no va a regresar, porque existente un porcentaje importante (sobre todo de personas de ingresos altos) que no van retomar sus patrones de gastos hasta que no se sientan completamente seguros que la epidemia está controlada y eso solo va a ser a suceder cuando haya una vacuna.

Por lo tanto, al Gobierno le va tocar continuar ofreciendo ayudas económicas extraordinarias tanto a personas naturales como a las empresas (por los menos hasta junio del 2021) para sostener la demanda, evitar que el desempleo siga aumentando y evitar un mayor daño al aparato productivo nacional, o en otras palabras evitar el mayor número de quiebras posibles.

Desde el punto de vista de constitucional, el ejecutivo solo puede decretar el estado de emergencia económica por periodos de hasta 30 días y que sumados no excedan de 90 días en un año calendario. Hasta ahora van dos declaraciones (60 días en total) y muy seguramente el Gobierno tendrá que hacer una declaración adicional en el segundo semestre para tomar nuevas medidas (ojalá de mayor envergadura como prestamos condonables a Pyme). Es el momento de “Go big.” Hay que aprovechar el apetito por los títulos de deuda pública colombiana.

Por supuesto que el aumento del déficit fiscal y el mayor endeudamiento hará que las agencias de crédito nos bajen la calificación, pero si no se aumenta el gasto y los daños son mayores y la recuperación toma más tiempo, igual las agencias de crédito le bajarán la calificación al país y no las modificarán por un tiempo más largo. La primera alternativa (mayor gasto público) nos permitiría “sobrevivir” hasta la mitad del próximo año y proteger a los colombianos y empresas más vulnerables, que desafortunadamente han sido los más afectados durante esta crisis.