Llevamos ya casi cuatro meses en cuarentena, sea preventiva, obligatoria o inteligente. Una pandemia que cambió la forma de tomar clases y transformó las vidas de nuestros hijos, convirtiéndolos a muchos de ellos en estudiantes digitales. Sin embargo hace unos días, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, firmó la directiva 12 del Ministerio, en la que coloca el marco para que las entidades educativas puedan regresar a clases presenciales desde el 1 de agosto.

En la actualidad en Colombia existen aproximadamente 12.600 establecimientos de educación, 8.200 aproximadamente son colegios públicos. Según información del Dane, estamos hablando de 8.074.138 en el sector oficial y de 1.962.302 en el sector no oficial representando esto una participación de 80,4% para los colegios del gobierno, frente 19,6% que es el sector privado. Los estudiantes se encuentran en un 76,3% zonas urbanas (7.654.108 estudiantes), mientras que la rural significa el 23,7% (2.382.332).

En Colombia diariamente se contagian por el covid-19 entre 1.400 y 1.600 personas aproximadamente y mueren diariamente alrededor de 30 a 60 personas y el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, quiere que los niños y jóvenes de los colegios a partir del mes de agosto asistan a clases presenciales en una estructura de “alternancia”, marco que no se entiende. Es verdad que según cifras del Ministerio de Educación 43% de los estudiantes no cuenta con internet, pero ¿acaso no es mejor que el mismo Gobierno hiciera un esfuerzo o se aliara con privados para poder cubrir ese déficit de cobertura digital? No se nos olvide que un programa como Computadores para educar fue cancelado, iniciativa que ayudaba mucho a los mismos estudiantes, pero que al paso de los gobiernos de turno, le fueron quitando la esencia del mismo, sumado a que supuestamente para el Gobierno el grupo de población de menores es de “alto riesgo” o sensible para el contagio y propagación del virus.

Es un panorama que genera muchas inquietudes, más sobre la directiva 12 del Ministerio de Educación, preguntas como ¿por qué en vez de hacer una cobertura real de internet del territorio nacional, quieren enviar a los niños a clases presenciales?, ¿Cuál es el interés del Gobierno en que los estudiantes regresen a las aulas? ¿No se supone que el mismo Estado debe salvaguardar la salud y vida de todos los menores de edad? Es una realidad que hoy muchos de los menores sufren de estrés, pues se han visto afectados por la cuarentena prolongada y la adaptación a esta nueva vida no ha sido fácil.

La realidad es que por más protocolos o directivas que se coloquen en cualquier institución educativa, los menores de edad son una población que puede que no se enferme severamente, pero pueden terminar afectando a sus familias, colocando en riesgo a los integrantes de las mismas y su entorno, provocando esto un número creciente de contagios. ¿Será entonces que el Gobierno está dispuesto a asumir las muertes que se puedan generar por esta determinación?, Porque lo más seguro es que ninguna institución de educación la asuma.

Lo que sí está claro es que muchos padres, por el temor a todos los peligros que conlleva este tipo de decisiones, pueden no permitir que sus hijos vayan a sus clases o en un caso más extremo, terminar esto en una deserción forzada de los estudiantes en los planteles, todo esto por el mismo temor a terminar contagiados por el covid-19 y querer proteger a sus familias y su entorno.

Es claro que se pueden colocar todas las medidas correspondientes a bioseguridad, pero la salud de los niños y de sus familias siempre deberá ser lo primero. Entonces, realmente pretender clases presenciales, por más alternancia que haya, es desarrollar una política muy poco acertada, que realmente demuestra que va en contravía de la salud de los infantes y sí favorece los intereses que pueden estar detrás de este tipo de decisiones.