Con ocasión de la época electoral, me pareció muy importante sacar a relucir el invaluable legado jurídico que posee Colombia, para que seamos conscientes de él y busquemos preservarlo, a la hora de escoger candidato y analizar las propuestas programáticas, muchas de ellas populistas y erosivas de la institucionalidad y que abundan en la contienda.

Me apoyo para mi objetivo en la obra de Germán Riaño, “El gran calumniado: Réplica a la leyenda negra sobre Santander”, prólogo de Carlos Lemos Simmonds.

Se centra, con soporte en un amplio material historiográfico, en reivindicar a Santander frente a una serie de acusaciones que a lo largo de la historia se le han venido formulando dentro del marco de sus desavenencias con Bolívar. Sin embargo, el aspecto que a mí me llamó más la atención, fue la cultura de legalidad, de apego al Estado de Derecho, que desplegó Santander a lo largo de los años, cuando se desempeñó en la primera magistratura de la naciente República. Hay varias muestras de ello, veamos dos.

Después de haber liberado Colombia, Venezuela y Ecuador, Bolívar se disponía a liberar Perú, campaña que requería de grandes esfuerzos en materia de recursos, hombres, provisiones, municiones, etc. Después de haber financiado las anteriores campañas (la historia parece no permitir llamarse a engaños: el dinero para liberar a todas esas naciones salió de la Nueva Granada), Santander, ante la incesante insistencia de Bolívar por más y más dinero, ya exasperado, le respondió:... “Las leyes que me dieron para gobernar esa república nada tienen que ver con el Perú, y su carácter no varía por que el presidente de Colombia mande un ejército a suelo extranjero. Hay leyes o no hay ninguna. Si no hay ninguna, ¿Por qué engañamos al pueblo con fantasmas?”

Bolívar pretendió implantar la constitución de Bolivia, última nación que liberó, redactada por él, y con un régimen dictatorial vitalicio, en todas las demás Repúblicas, incluida Colombia, lo cual implicaba derogar la Constitución de Angostura de 1821 de claro corte republicano. A lo cual Santander se opuso decida y abiertamente: “Yo he creído, señor excelentísimo, que en estas circunstancias no podía permanecer más tiempo espectador tranquilo de oprobio a mi patria, sin traicionar mis juramentos y faltar vergonzosamente a mi deber. Todos hemos jurado sostener la libertad de la república, bajo un gobierno popular, representativo, cuyos magistrados deben ser todos responsables…”

Es este espíritu legalista colombiano es el que ha permitido a nuestro país ser estimado como la democracia más antigua de América Latina, frente a los demás países cuyas historias políticas han tenido como protagonistas dictaduras.

Deberíamos hacer más alarde, mayor difusión entre los jóvenes del legado de Santander, de la tradición de nuestro país de ser uno con estabilidad por su apego al Estado de Derecho. Para que ellos tengan orgullo de sus instituciones. ¿Cómo tener sentido patrio si durante décadas no se enseñó historia en nuestros colegios? Este tipo de conciencia y de cultura son cardinales para llevar a cabo dentro del cause institucional, sin anarquía ni caos, sin destrucción de valor económico, de manera constructiva, los grandes cambios que tanto se requieren.