La austeridad estatal no solo significa que el gobierno gaste menos, sino mejor. Nunca en la historia el Estado colombiano había sido más grande (alrededor del 33% del PIB). El déficit fiscal (7% del PIB) y la deuda (57% del PIB), jamás habían sido más cuantiosas. Además, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el gasto ineficiente de recursos públicos, les cuesta a los contribuyentes colombianos alrededor de $50 billones (4,8% del PIB).

Este problema hay que enfrentarlo en tres niveles. El primero, siguiendo al premio Nobel de economía, James Buchanan y su escuela de la elección pública, es que la mayor parte de la población perciba que derrochar recursos del Estado nunca es bueno y que a todos nos cuesta, aunque algunos se beneficien en el corto plazo. Hay que desterrar la idea de que el Estado es rico o que crea riqueza o que puede solucionarnos todo tipo de problemas. Debe crear las condiciones para que surjan muchas empresas privadas exitosas, que son las que de verdad generan riqueza y sostienen al propio Estado con los impuestos que pagan. El Estado debe ser una especie de árbitro imparcial que se dedique a unas tareas importantes, aunque limitadas y concretas en materia de seguridad, justicia, defensa, ayuda temporal y subsidiaria de los más necesitados, garantizando unas infraestructuras y unos servicios públicos básicos o pactando para ello con el sector privado.

El segundo nivel de acción contra el gasto ineficiente es el de empezar, lo más pronto posible, a suprimir, fusionar o reducir el presupuesto de entidades y cargos redundantes o inoperantes, cuyas funciones podrían ser perfectamente asumidas por otros organismos existentes. Dejando de lado la necesaria discusión en los ámbitos departamental, distrital y municipal, suprimiendo entidades burocráticas de poca o nula utilidad del gobierno central, se podría llegar a un ahorro aproximado de $1,5 billones. Con la supresión, fusión y reducción de los ministerios podrían ahorrarse alrededor de $2 billones. Acabando con los aportes nacionales a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), nos ahorraríamos unos $120.000 millones. Fusionando embajadas, el ahorro sería de $200.000 millones. Además, con una mínima reducción del presupuesto de la Presidencia, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, se lograría un ahorro de $2,2 billones. En total, estas medidas nos ahorrarían a los colombianos alrededor de $6 billones.

Por último, el tercer nivel de austeridad debe ser la limitación constitucional del gasto estatal. Si por ejemplo se establece que el presupuesto total del conjunto de las ramas de poder público y de los demás órganos autónomos e independientes que integran el Estado colombiano no puede ser mayor a 25% o a 30% del PIB, los políticos y funcionarios estarán obligados a moderarse más que ahora. Hay que ponerle candados constitucionales y blindajes legislativos a la tentación malgastar los recursos del Estado, al tiempo que la mayoría de los colombianos debemos empezar a respaldar a los buenos políticos que proponen austeridad estatal de verdad y no a los demagogos que nos meten la mano en nuestros bolsillos y asfixian a las empresas exitosas con impuestos depredadores para seguir derrochando.