A pesar de que los recursos del Gobierno asignados al sector educativo son los más cuantiosos en la historia de Colombia, llegando a los $49,5 billones y representado la mayor partida (14%) del Presupuesto General de la Nación, la calidad de la enseñanza es deplorable, pues los estudiantes del país muestran un pésimo desempeño en las pruebas, como las Pisa, que miden internacionalmente algunas de las habilidades y conocimientos necesarios para el mundo de hoy.

Además, cuando se trata de estudiantes de escasos recursos, ellos y sus familias tienen poca o nula libertad para elegir el plan de estudios y la institución educativa que más se ajusta a sus valores e intereses. Por si fuera poco, la educación estatal se encuentra altamente burocratizada y politizada, capturada por agremiaciones, sindicatos y grupos de interés político, más interesados en adoctrinar ideológicamente y en controlar cupos, contratos y puestos que en ayudar a formar ciudadanos íntegros y competentes.

La propuesta del bono educativo, presentada originalmente por el premio Nobel de economía, Milton Friedman, contribuiría a solucionar estos problemas del sistema educativo vigente. La idea consiste en que el Estado le entregue a cada familia de escasos recursos un bono o cheque intransferible destinado directamente al estudiante, quien sólo podría canjearlo en una institución educativa pública o privada. De esta manera, cada familia escogería el colegio al que quiere enviar a sus hijos, de acuerdo con sus prioridades, necesidades y valores, en lugar de verse obligados, como sucede ahora, a matricularlos en la escuela que les asignen las autoridades.

La primera ventaja de esta reforma es que introduciría competencia en la educación. Las instituciones educativas que presten un buen servicio y estén mejorando constantemente, atraerían a más estudiantes con bonos, mientras que los centros de enseñanza que no respondan a lo que buscan las familias, corren el riesgo de perder sus ingresos. En consecuencia, serían las instituciones educativas las que tendrían los incentivos más poderosos para contrarrestar los problemas que actualmente afectan a la gran mayoría de graduados de la educación pública.

La segunda virtud de un bono educativo consiste en que el Estado, en vez de financiar a los centros de enseñanza, financie directamente a los estudiantes. En el sistema actual, sólo los más ricos pueden elegir el lugar de estudio para sus hijos, pero con el bono educativo desaparecería esta injusticia, que discrimina a los padres en función de su capacidad económica. De esta manera, el Estado, los políticos y los sindicatos dejarían de ser los amos y dueños de la educación oficial, para entregarle el protagonismo y el control a quienes realmente les debe corresponder: los padres de familia.

Para empezar a hacer la transición hacia este nuevo modelo educativo, que de manera parcial o total ya se viene implementando exitosamente en países como Suecia, Holanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile, desde Libertank proponemos ampliar la competencia de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) de tal manera que puedan contratar el servicio de educación a entidades privadas cuando haya un déficit de calidad en las instituciones del sistema educativo público de cada territorio y no solo cuando haya un déficit en la capacidad o cobertura de las instituciones educativas oficiales.