Colombia necesita urgentemente una revolución tributaria. Para ello, el Estado colombiano debe encontrar un nuevo modelo de impuestos que no solo cumpla, de la mejor forma posible, con los principios de equidad, eficiencia y simplicidad, sino que también permita al país ser más competitivo en el actual mundo globalizado, atrayendo masivamente inversión local y extranjera que aumente el ahorro, la productividad, el empleo, la riqueza y el bienestar para un número cada vez mayor de colombianos.

Cuando los impuestos son numerosos, complejos, cambiantes y con tarifas elevadas, discriminatorias, confiscatorias y ascendentes, se desalienta la iniciativa privada, se encarecen y dificultan los negocios, se cierran empresas, se ahuyentan las inversiones, se destruye riqueza y se pierden empleos formales, impidiendo que el país progrese y reduciendo drásticamente las fuentes de ingresos para cubrir los gastos necesarios del Estado. Este es el caso del sistema tributario de Colombia, en particular, del impuesto de renta vigente.

El actual diseño del impuesto sobre la renta en Colombia no es justo, no es eficiente, no es simple, no es fácilmente comprensible, ni sencillo de cumplir para el conjunto de los contribuyentes, quienes deben contratar a expertos para pagarlo correctamente. De acuerdo con el índice Doing Business del Banco Mundial, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas en Colombia consume, en promedio, 97,5 horas para cumplir con los requisitos del estatuto tributario. Tampoco resulta fácil de controlar por las autoridades. Sus diferentes tarifas, sumadas a sus numerosas exenciones (alrededor de 20), más el resto de tributos que deben pagar los contribuyentes, incentivan la corrupción, las trampas y la evasión (alrededor de $30 billones anuales, según cálculos de Asobancaria).

Inspirados en el caso exitoso de Estonia, el rediseño del impuesto sobre la renta para Colombia que proponemos desde Libertank, consiste en que se empiece a cobrar, con una tarifa uniforme o plana o estrictamente proporcional de 20% a las rentas de las personas naturales y jurídicas. Se eliminarían todas las exenciones y tratamientos preferenciales o diferenciales, al igual que las deducciones por depreciación. Se debería poder diligenciar y liquidar en menos de cinco minutos, preferiblemente a través de internet o de un pequeño documento del tamaño de una tarjeta postal. Las personas naturales solo podrían deducir los aportes voluntarios u obligatorios a fondos de pensiones. Solo se excluirían (mínimo exento) las personas naturales que perciban ingresos anuales iguales o inferiores a treinta y ocho millones de pesos, mientras que la única deducción que podrían hacer las empresas sería la reinversión que hagan de las utilidades.

La manera en que los países salen de las crisis económicas y de la pobreza no es subiendo impuestos o multiplicándolos o complicándolos con más exenciones y privilegios, porque ello deprimiría aún más la economía, sino creando las condiciones para aumentar la riqueza, a partir del ahorro, la inversión y el fortalecimiento del tejido empresarial. Una medida concreta, audaz y valiente que ayudaría enormemente a conseguir estos propósitos sería la adopción, lo más pronto posible, de un impuesto plano, aunque no de forma aislada, sino como un aspecto más de un conjunto de reformas orientadas a aumentar la libertad económica en Colombia. No hay tiempo que perder.