El nuevo gobierno es enemigo de la libertad económica. Resulta ingenuo esperar de él una rebaja de los impuestos; una simplificación y reducción de trámites y regulaciones para hacer negocios; una cierta flexibilización del mercado laboral; una reducción del gasto burocrático del Estado o un recorte del asistencialismo. Hay que dar casi por hecho justo lo opuesto.

A pesar de esta realidad, la sociedad civil y el sector privado tienen la responsabilidad de cuidar los escasos espacios de libertad económica que quedan en el país y exigirle al nuevo gobierno que sus políticas y sus reformas, por lo menos, respeten seis líneas rojas básicas iniciales:

1. No convocar una constituyente, ni promover más reformas a la constitución, salvo en casos puntuales extremos. Desde que se expidió la Constitución de 1991 se han producido alrededor de 55 reformas constitucionales. Esta inestabilidad produce gran incertidumbre e inseguridad. Tampoco se debería regresar a la reelección presidencial, que tiende a generar abusos, concentración indebida de poderes, corrupción y gastos excesivos. Si el nuevo gobierno toma este camino, Colombia podría entrar en un escenario de autoritarismo y tensión social extrema, parecido y potencialmente peor al que ha vivido Venezuela en las últimas décadas.

2. En línea con lo anterior, el nuevo gobierno no debe eliminar ni limitar la independencia y la autonomía constitucional del Banco de la República, porque es la garantía de que sean los técnicos y no los políticos los que tengan el control de la máquina de imprimir billetes. Esto ayuda a proteger el poder adquisitivo de nuestro dinero e impide que crezca, aún más, la inflación que castiga más duro a los pobres. No se deben imponer controles cambiarios ni de capitales. Si se traspasa esta línea roja, Colombia entraría en un desbarajuste similar al que viven países como Venezuela o Argentina.

3. No detener la explotación ni la exploración de hidrocarburos, ni el desarrollo minero. Hacerlo implicaría una pérdida de más de 20 billones de pesos en aportes fiscales entre 2022 y 2026. Además, si no se encuentran nuevos yacimientos, Colombia perdería la capacidad de autoabastecimiento en 2028, lo cual representaría elevadísimos sobrecostos en los servicios públicos, afectando particularmente a la industria, al transporte de carga y a los pobres.

4. Respetar la propiedad privada y los ahorros pensionales de los colombianos, absteniéndose de promover reformas tributarias, agrarias o pensionales confiscatorias que disfracen las violaciones a la propiedad legítima con eufemismos como “redistribución”, “justicia social” o “democratización”. Todos los países que han seguido este camino, como Cuba, Argentina o Venezuela, se han arruinado miserablemente.

5. Cumplir la regla fiscal. No crear nueva burocracia y no incurrir en gastos excesivos e imposibles de financiar, como la propuesta de empleo garantizado con salario mínimo para todos los desempleados de Colombia o multiplicar los subsidios. Si el gobierno sigue esta senda, hará que sea imposible que Colombia recupere el grado de inversión y llevará al Estado a una posible crisis de deuda al peor estilo argentino.

6. No hacer aún más rígido y costoso el mercado laboral formal, con propuestas como reducir la jornada, crear una prima obligatoria adicional o incrementar excesivamente el salario mínimo. Esto solo incrementará el desempleo e incentivará la informalidad.