Colombia es un país de regiones y municipios muy diferentes. La calidad y el alcance de los servicios públicos, el tamaño y el poder adquisitivo de los mercados, la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones, la sofisticación empresarial y educativa, la disponibilidad tecnológica y las condiciones para establecer empresas y hacer negocios en lugares como por ejemplo Mapiripán, Meta o Quibdó, Chocó o poblados remotos, que abundan en nuestra compleja geografía, son muy diferentes de las que existen en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Esto se traduce en enormes diferencias en cuanto a los niveles de cualificación y productividad por trabajador en cada zona. Además, el costo de vida promedio en cada lugar es muy distinto, al igual que la oferta y la demanda de trabajo.

A pesar de esta obvia realidad, en Colombia tenemos un rígido modelo centralista de salario mínimo único para todo el territorio nacional, como si el tamaño de las empresas, la capacidad productiva y el costo de vida fuera uniforme en un país tan heterogéneo y diverso. Adicionalmente, por mandato constitucional, el salario mínimo legal es concertado, cada año, por cinco representantes de los empresarios (gremios) y cinco representantes de los trabajadores (sindicatos), más representantes del gobierno nacional. Si no hay acuerdo entre las partes, el salario mínimo lo decreta el Presidente de la República. Esto último es lo que sucede más frecuentemente en la práctica. Este modelo de salario mínimo nacional es una de las causas, aunque no la única, de que, en promedio, dos de cada tres colombianos con edad y con capacidad de trabajar se encuentren desempleados o en la informalidad.

Tenemos un elevado desempleo estructural que tiende a mantenerse por encima de los dos dígitos (12,7% hoy) y una tasa de informalidad, en las 13 principales ciudades del país, que se ha mantenido históricamente alrededor de 50%, al tiempo que la informalidad rural y en municipios pequeños alcanza niveles cercanos a 90%. Para empezar a corregir esto, Colombia debe ir modificando su modelo de salario mínimo. Desde Libertank hemos propuesto que los aumentos futuros del salario mínimo se realicen de manera diferenciada por municipios, mantenido la actual mesa de concertación, pero trasladándola a los alcaldes, gremios y sindicatos de cada municipio e incluyendo a los desempleados y a los informales. Esta reforma no solo aproximaría mucho más los aumentos venideros del salario mínimo a la capacidad productiva real y al PIB real de cada municipio, sino que también acercaría mucho más a los ciudadanos, comerciantes, trabajadores y empresarios locales al control de estos aumentos salariales, buscando que muchos más colombianos, especialmente los millones de bajos ingresos que hoy se encuentran desempleados o en la informalidad, puedan acceder a un trabajo formal, al tiempo que se estimula la competencia entre municipios para facilitar la generación de empleo.

La mayoría de los colombianos pobres, especialmente los más jóvenes, que habitan en las áreas rurales y en pequeños municipios, no alcanzan a ganarse un salario mínimo. No los alejemos de la posibilidad de llegar a ganárselo, ni los sigamos condenando a la informalidad con aumentos centralistas, difusos e irreales del salario mínimo para unos pocos privilegiados, como sucede con el modelo vigente. Necesitamos un cambio urgente.