Distintos gobiernos están avanzando en políticas para promover industrias internas que puedan ser catalizadoras de un tipo de desarrollo económico más inclusivo y sostenible. La idoneidad de esta mirada del Estado como promotor de un tipo de desarrollo, y el rol del poder público en la selección de “ganadores” y “perdedores” es un debate sensible. Para pensar lo anterior exploraré dos reflexiones estructurales y una coyuntural sobre esa idea del Estado emprendedor en Colombia.

El primer elemento tiene que ver con una reflexión que la economista Mariana Mazzucato introdujo en su libro El Estado emprendedor (2013); el crecimiento económico en el Estado moderno no ha sido un fenómeno neutral; los avances de los “mercados” y de la “libre economía” siempre han tenido un alto contenido de priorización política implícita. El Estado no es un agente que simplemente regula las fallas del mercado, sino que ha moldeado las industrias y ha cocreado los mercados con intencionalidad. Este fenómeno de agencia dirigida puede hacerse entonces también con una nueva intencionalidad para promover un desarrollo más inclusivo y sostenible, es el argumento de la economista.

El segundo elemento estructural de este concepto del Estado emprendedor se refiere a que si asumimos ese rol activo debemos entender que el Estado condicionará el uso de sus herramientas al tipo de desarrollo que él quiera promover. Rodrik y Mazzucato, en un working paper publicado por el Iipp hace unas semanas, sostienen que la generación de valor de lo público debe ser el eje de esa nueva intervención estatal. En otras palabras, el Estado está para generar valor a sí mismo haciendo primar lo público, y un efecto cascada generará crecimiento de sectores con externalidades positivas.

Las herramientas de la gestión pública dirigida son los incentivos tributarios, los procesos de contratación pública, la financiación de proyectos o los planes de desarrollo, entre otros.
Una estrategia deliberada para generar valor público en la colaboración, innovación e interacción con los agentes privados puede tener elementos positivos, pero no hay que olvidar que también puede implicar una alta carga fiscal porque el Estado tiene que gastar para promover su modelo, micro manejos económicos con información parcial, selección de las “mejores” industrias, dejando otras en el camino, entre otros fenómenos que aún están terminando de perfilarse como efectos de este modelo proactivo.

Esta visión de Estado emprendedor parece estar cogiendo fuerza en Colombia, pero se argumenta que se necesita de mayores espacios de deliberación para su definición, porque se está haciendo de forma aislada. Por ejemplo, los grupos empresariales están pidiendo el espacio institucional y político para que esas variables de iniciativa industrial no se construyan en el vacío conceptual, sino de la mano de las capacidades, conocimiento y experiencia de los industriales nacionales. El Estado emprendedor no puede desarrollarse sin los agentes privados.

Este modelo de Estado es una apuesta política, y como cualquiera de este tipo, tiene diversas caras, pero sin duda, la peor se daría si se construye sin los agentes relevantes. No podemos despreciar el valor de la experiencia empresarial para la búsqueda de consensos técnicos; las transiciones moderadas que requieren los cambios de paradigma suponen una voluntad real de diálogo para alinear expectativas y proyectos de nación. De lo contrario, el Estado emprendedor puede más bien tomar cara de Estado depredador, y ese modelo sí parece estar por fuera de cualquier ecuación de bienestar.