El acceso a una vivienda digna es, sin duda, no solo uno de los principales sueños de los colombianos, sino también una de las condiciones fundamentales para poder construir un país más justo, próspero y equitativo. Como país hemos progresado de forma importante en la construcción y el acceso a vivienda social desde la creación del programa Mi Casa Ya en 2015. Sin embargo, aún existe un déficit relevante de vivienda, tanto cualitativo, como cuantitativo, y en ambos debemos avanzar de manera decidida y con todo el compromiso.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, en 2022 la cifra del déficit habitacional en Colombia se ubicó en 30,4 %, lo que quiere decir que en el país más de cinco millones de familias no tienen hoy acceso a una vivienda digna desde la cual proyectar un mejor futuro. Si bien ese porcentaje, que resulta de la suma del déficit cuantitativo (alrededor de un millón de viviendas que deben ser construidas desde cero) y el cualitativo (alrededor de cuatro millones de viviendas que requieren mejoras), ha venido decreciendo durante los últimos años (en parte debido a la construcción de vivienda informal), aún tenemos un enorme reto por delante, especialmente cuando miramos a la Colombia rural. En los campos colombianos el déficit alcanza 65,5%.

Estos resultados, que nos debían quitar a todos el sueño, nos invitan, sin duda, a sumar esfuerzos desde lo público, la empresa privada, la academia y las comunidades para innovar en políticas públicas, metodologías constructivas y acceso a financiamiento para las familias porque el esfuerzo requerido para cerrar la brecha es enorme. Una reciente investigación del Laboratorio de Economía Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) determinó que, para cerrar esta brecha en Colombia se necesitan construir 400.000 viviendas al año, e invertir aproximadamente 0,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, PIB.

La resolución de la actual problemática requiere de focos diferenciales, entendiendo las realidades urbanas y las rurales del país, con el fin de maximizar el impacto de los recursos invertidos para reducir el déficit a través de mejoramiento y construcción de vivienda nueva en los lugares óptimos y en las condiciones adecuadas.

Ante la inminente desaceleración de la economía del país, el sector de la construcción de vivienda debe poner toda su capacidad y experiencia al servicio del país para acelerar los mejoramientos y la construcción de vivienda nueva para beneficio de cientos de miles de nuestros conciudadanos, aportando, adicionalmente, el motor que requiere Colombia para revitalizar su economía y preservar y crecer los más de 1,5 millones de empleos formales que dependen del sector.

El problema, entonces, amerita soluciones rápidas, pero conscientes e innovadoras como la adopción de normas urbanas que impulsen la redensificación urbana y la vivienda nucleada rural, la construcción industrializada u off site, el acceso ágil a crédito para constructores que se entusiasmen con pequeños proyectos de acupuntura urbana, nuevas formas de financiamiento para las familias y alianzas público-privadas para alcanzar las ambiciosas metas que el país necesita.

El acceso a una vivienda digna es la semilla para empezar a cerrar las brechas de pobreza, nutrición, educación y esperanza.