Empecemos por el caso de nuestra vecina Venezuela: una nación que desarrolló una política social que arrojó impresionantes resultados en la primera década del siglo 21, pero que sin una mano privada robusta obtuvo como resultado, después de 20 años de aplicación, un país quebrado. El PIB tuvo una caída de 15% según la Comisión de Finanzas del Parlamento (el Banco Central no publica el dato), la inflación llegará a 2.350% en 2018 según el FMI, la pobreza y los índices de violencia disparados, séptimo lugar en el índice de criminalidad de 2016 según estudio de Verisk Maplecroft, 500.000 firmas empresariales cerradas desde 2008, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela y, peor aún, las libertades enajenadas: más de 500 presos políticos, y la prensa amordazada, demuestran cómo las políticas públicas sin una visión sostenible económicamente en el largo plazo empeoran los problemas sociales.

En teoría las políticas públicas buscan solucionar los problemas económicos y sociales de una población. Creo firmemente que los problemas sociales no se solucionan sino que se transforman o evolucionan. Por eso, el objetivo de una política pública es lograr una transformación del problema a uno de menor envergadura. En el mundo las políticas públicas persiguen metas comunes: reducir la pobreza, aumentar el bienestar social, mejorar el crecimiento económico, garantizar igualdad de oportunidades y combatir la ilegalidad; por eso las diferencias políticas se enmarcan en el cómo, no en el qué. La diferencia de dos posiciones políticas, que se supone persiguen el mismo fin, es su sostenibilidad económica en el tiempo.

La pregunta es: ¿cómo formular políticas públicas que mejoren la calidad de vida sin generar situaciones más complejas de solucionar? La respuesta sin duda pasa por la sostenibilidad, que a su vez está amarrada a una realidad: no existe posibilidad de implementar una política social sostenible si no va acompañada de un crecimiento económico que la respalde. Mencionemos algunos asuntos de Colombia y pregúntese: ¿es sostenible el programa de casas gratis? ¿Cuántos años más y a cuántas personas puede apoyar el programa Ser Pilo Paga? ¿Educación básica y superior gratuita para todos? ¿Salud de calidad ¡y gratis!? ¿No más explotación minero energética, que representan la mitad de nuestras exportaciones? ¿No más TLC? ¿Subir impuestos a multinacionales y empresarios? ¿Destinar 30% del presupuesto general de la Nación a subsidios ($74 billones)?

La respuesta a estas preguntas le permitirá establecer el grado de sostenibilidad de las políticas públicas que proponen algunos falsos profetas presidenciales, que sin sonrojo engañan a sus electores con propuestas irresponsables. Otros no toman partido en nada (¿Es peor?). Por último, como en la vida ordinaria, el camino corto puede ser más llamativo, pero es deber del Presidente hacer lo correcto, aunque conlleve más tiempo y mayor esfuerzo de cara a la responsabilidad con las futuras generaciones.