Después de seis meses del nuevo gobierno no sé bien qué pensar. Me debato entre un pánico agobiante y un frágil sosiego. Pánico agobiante cada vez que el presidente o alguien de su gobierno sale con una de sus consabidas sandeces populistas, y frágil sosiego cuando pienso que nuestra arquitectura institucional está diseñada para evitar que esas sandeces se materialicen. Por fortuna en Colombia tenemos un régimen constitucional basado en la separación de poderes, que busca en esencia lo que llaman los anglosajones ‘checks and balances’. Esto no es otra cosa que controles y equilibrios para impedir que alguna de las ramas del poder público -ejecutiva, legislativa y judicial- tenga excesiva influencia sobre las demás.
A pesar de que tenemos esta división de poderes en la teoría, la realidad es distinta. En Colombia la rama legislativa no es independiente de la ejecutiva en la medida en que el gobierno, quien es el que maneja el presupuesto, a menudo compra la voluntad de buena parte de los legisladores a punta de puestos y beneficios económicos. Este gobierno hasta ahora ha sido un gran exponente de esta forma de gobernar. Para la muestra, la reciente reforma tributaria sacada a pupitrazo limpio.
¿Entonces, quién podrá defendernos? ¿O más bien, quién podrá controlar a la rama ejecutiva? Por sustracción de materia, solo quedan los jueces. Debo confesar que no siempre he visto a esta rama con buenos ojos porque con frecuencia la encuentro politizada y parcializada. Sin embargo, no hay más remedio que confiar en que cumplirán su función de guardianes de nuestro ordenamiento jurídico. Por ahora han demostrado que están dispuestos a actuar, como cuando advirtieron al presidente sobre la ilegalidad de la liberación masiva de delincuentes de la Primera Línea.
Ahora viene lo grueso: la defensa de la constitución si las reformas propuestas por el gobierno atentan contra nuestra carta magna. Ya hay algunos atisbos de lo que se puede venir. De la reforma pensional me preocupa que el estado asuma más gasto para un sistema que está desfinanciado, especialmente si no tocan las megapensiones del régimen de prima media que son las que se comen la mayor parte de la plata del sistema. De la reforma laboral me preocupa que se siga encareciendo el empleo formal si bajan la jornada de trabajo. De la reforma política me preocupa el transfuguismo, lo cual socavaría aún más la independencia del legislativo y facilitaría la compra de políticos indignos. De la reforma a la salud me alarma que se estatice nuevamente y volvamos a la época del pésimo servicio y baja cobertura del Seguro Social. De la Paz Total me inquieta la impunidad para criminales y otro conejo a las víctimas como el del proceso con las Farc. Todas estas reformas tocan la constitución de alguna u otra manera. Recordemos que nuestra carta política habla, entre otras cosas, de sostenibilidad fiscal, de la búsqueda del pleno empleo, de la independencia de poderes, del acceso a la salud y de igualdad ante la ley.
Ya hemos visto que la justicia y la democracia en Latinoamérica cogea pero llega. Los ejemplos de Argentina, donde Cristina está condenada, de Perú, donde el profesor está preso y el de Chile, donde el pueblo no se dejó meter el gol de una constituyente radical, son alentadores. Ahora esperemos que nuestros jueces y nuestras instituciones de control también estén a la altura cuando nuestras leyes sean puestas a prueba.