Por estas épocas algunos gobiernos de izquierda latinoamericanos parecen estar de pelea con la autoridad y el orden. No es un fenómeno exclusivo de Colombia -Amlo no quiere enfrentar a los narcos-, pero siento que en nuestro país están llevando ese disgusto a límites insospechados.

No sé bien cuál es la razón de fondo para ese rechazo. Intuyo que puede tener que ver, entre otras cosas, con un desafortunado entendimiento de los derechos humanos. O también, puede ser una estrategia política para cautivar a un electorado típicamente desatendido; el de los malhechores.

Los derechos humanos a menudo son el caballito de batalla de la izquierda para desestimar el accionar de los aparatos de seguridad del Estado. En lo que no parecen reparar es que los derechos humanos son para todos. No solo para los violadores de la ley, si no también para los protectores de la misma.

Recordemos cómo durante el estallido social de 2021 se criticó duramente al Esmad básicamente por cumplir con su deber. Hubo excesos por parte de algunos uniformados, como es natural cuando alguien quiere matarlos a pedradas o quemarlos con Molotovs, pero las faltas de pocos no pueden dar al traste con el cuerpo de seguridad que nos defiende contra la protesta violenta.

Otro ejemplo de derechos humanos selectivos ocurrió hace pocos días con el secuestro de policías en San Vicente del Caguán, episodio que el Gobierno denominó eufemísticamente como un cerco humanitario. Para la izquierda radical de Colombia a menudo los derechos humanos de los violadores de la ley son más importantes que los de la fuerza pública. Así nos lo recordó uno de los policías secuestrados cuando estaba pidiendo apoyo a sus superiores.

El uso de la fuerza legítima del Estado tiene un amplio sustento filosófico, que a estas alturas de la vida no tendría por qué ser cuestionado. En su obra ‘Leviatán’, Thomas Hobbes nos introduce el concepto del monopolio de la fuerza del Estado, a través de un monstruo bíblico que representa una figura temible pero necesaria que sirve para hacer que predomine la paz y el orden.

Orden que es necesario para que la civilización progrese y los individuos no amenacen ni sufran amenazas o ataques por parte de otros individuos. Ante las amplias señales de claudicación de nuestro Estado frente a delincuentes de todo tipo, llámense guerrillas, primeras líneas, carteles, etc., parece que nuestros gobernantes no sólo no atendieron clases de filosofía política, sino que están promoviendo una nueva ideología que consiste en apaciguar a los violentos para que no nos maltraten.

La otra tesis que me parece plausible para entender el desagrado de nuestro primer Gobierno de izquierda por la autoridad y el orden, es que pueden pensar que disculpar a los violentos les trae réditos políticos. Porque ¿cómo de otra manera se explica el pacto de la Picota, el fallido indulto de la Primera Línea y querer perdonar a narcotraficantes lavándoles parte de sus fortunas? Estos grupos tienen una militancia nutrida, votan y en algunos casos tienen dinero para aceitar la maquinaria.

No olvidemos que en Colombia la plata sirve más que las ideas para ganar elecciones. Por eso hemos tenido todo tipo de elefantes que pasan por nuestras narices sin ser vistos. Ahora tenemos otro mamut que aparentemente se paseó inadvertido por Barranquilla.