Pensemos en un día soleado de este verano particularmente caluroso. Decide ir a su restaurante favorito y ordena una cerveza que recibe a la temperatura perfecta: dos grados centígrados. Con seguridad nota la espuma formándose a medida que se vierte en el vaso justo antes de calmar la sed. Ahora imagine que recibe la cuenta, y, adicionalmente a la cerveza, observa un cargo llamado “cerveza reactiva”. Cuando pide una explicación le comentan que el gobierno fijó un límite sobre la cantidad de espuma y que el restaurante debe cobrarle una sanción por el exceso.

¿Sabía que esto mismo ocurre actualmente en el recibo de la luz de miles de empresas en Colombia? Además de la energía eléctrica consumida y de una serie de cargos adicionales, en las facturas de electricidad es frecuente encontrar un cobro denominado energía reactiva. Se trata de una medida que grava a los usuarios so pretexto de evitar usar más espacio del permitido en las redes de distribución con energía reactiva, pero que ha llegado a representar más del 18% de la factura de electricidad de pequeños y medianos empresarios.

Similar a la espuma en la cerveza, la energía reactiva es algo normal en el consumo de electricidad por parte de una gran cantidad de equipos de uso diario como ascensores, sistemas de bombeo de agua, motores, iluminación LED, entre otros. Por lo tanto, multar a los usuarios por este concepto es algo que debería superar rápidamente cualquier “smell test”, especialmente en un contexto donde al cierre del año pasado el costo del servicio de electricidad para los usuarios incrementó 37% en Sincelejo y Montería, y 22% en el promedio a nivel nacional.

Desafortunadamente la concepción normativa de esta multa y el hecho de que se viene aplicando en el sentido que más perjudica a los usuarios, son asuntos preocupantes por donde se mire: la multa dificulta alinear patrones de comportamiento individual con las metas de política pública en materia de eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad; y su aplicación vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y defensa, y se aparta del normal funcionamiento del derecho administrativo sancionatorio.

En primer lugar, la multa por energía reactiva es un gravamen a la innovación y una barrera para consumir energía de manera más responsable. La ineficiencia en el consumo de energía eléctrica a nivel nacional es del orden de 67% y le cuesta al país entre US$6.000 y US$11.000 millones al año según la Upme, por lo que promover la eficiencia energética es una necesidad inaplazable cuya adopción ha sido incluida en todas las señales de política pública. De acuerdo con la misma entidad, el uso de medición avanzada ayudaría a reducir el consumo y el costo de energía entre 38% y 62%. En el sector residencial, la Upme señala que permitiría un ahorro en energía demandada de 26% y de 74% en pérdidas, con una disminución de 13% en el aporte de emisiones de CO2 calculadas a 2030. Sin embargo, la multa castiga a quienes deciden instalar medidores inteligentes porque si bien el fenómeno de reactiva se puede presentar hoy para muchos usuarios, los medidores obsoletos actuales no lo registran. Solo cuando se instalan medidores avanzados se genera la multa, incentivando de esta manera el uso de medidores arcaicos. La multa por reactiva nos condena al subdesarrollo y al desperdicio de energía.

En segundo lugar, el cobro de energía reactiva es una verdadera multa a pesar de tener otro nombre en la regulación. Se trata de una obligación de pagar una suma de dinero -es decir, es una sanción de contenido económico- que surge como consecuencia de incumplir límites establecidos por una autoridad administrativa. Bajo nuestro contexto normativo claramente es una multa y en cualquier escenario en el que el gobierno impone multas los elementos de responsabilidad deben estar debidamente acreditados ante funcionario competente, con exhibición de pruebas y con la posibilidad de que las mismas sean controvertidas por el presunto responsable. Además, todo ello debe acreditarse antes de que se imponga la multa porque el presupuesto esencial para la firmeza de cualquier multa es la garantía de haber tenido la oportunidad de ejercer plenamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Exactamente lo contrario ocurre en la imposición de penalizaciones por reactiva, que se cobran por derecha en las facturas de la luz y quedan a merced del viacrucis que supone reclamar contra estas.

A lo anterior se suma que la información verificable sobre la proporcionalidad entre los costos por concepto de multa de reactiva y los supuestos de hecho que sirvieron de causa a dicha normativa, es paupérrima. Lo mismo sucede con los datos para soportar que las medidas regulatorias vigentes y los montos que se vienen cobrando sean adecuados a los fines de las normas superiores en las cuales se fundamentan. Menos explicable resulta el factor multiplicador de hasta 12 veces la penalización original. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, cada día encontramos más y más usuarios con multas por reactiva cobradas en forma indebida, con derecho al reintegro de sus recursos.

Por fortuna, la problemática sobre la multa de reactiva comienza a salir a la luz. El Ministerio de Minas y Energía acaba de eximir de la multa a los autogeneradores con fuentes renovables y ordenó a la Creg evitar lesiones injustas a los demás usuarios. Estas nuevas directrices tienen una connotación doblemente relevante: reconocen el problema e invitan a que entre todos participemos en las soluciones.

Los decretos recientes fueron en buena parte resultado de la organización y la participación ciudadana. ¿Estaremos dispuestos los empresarios a consolidar una población de usuarios debidamente informados, participativos y empoderados para suspender los cobros indebidos por energía reactiva y obtener el reintegro de recursos pagados sin justificación? Es importante que los usuarios tomemos la decisión de replantear algunas ideas que durante más de 30 años nos han obligado a tomar decisiones desde el miedo. Es hora de construir nuevas narrativas de la industria eléctrica realmente centradas en el usuario y en mejorar sus condiciones de bienestar.

El estado de cosas en materia de energía reactiva es una buena oportunidad para evolucionar el rol de los usuarios frente al servicio público de electricidad. Podemos convertirnos en verdaderos protagonistas de un servicio público que financiamos entre todos y que tiene un claro impacto en la productividad, resultados y bienestar del país. Es evidente que los colombianos pedimos a gritos mayor claridad sobre el recibo de la luz; no obstante, se requiere un esfuerzo conjunto para recuperar nuestro lugar en la mesa. Es necesaria una participación masiva de los usuarios para suspender los cobros indebidos por energía reactiva y obtener el reintegro de recursos pagados por multas injustificadas. Todos los usuarios somos corresponsables de velar por mayor claridad en el recibo de la luz. Comencemos por la reactiva.