En 2018 los colombianos pagamos $2 billones debido al déficit de redes de energía.

El rubro de restricciones, como se denomina, ha incrementado 700% desde 2014. De $4 por kWh llegamos a pagar $35 en 2018 (cifras XM).

Los generadores de energía compiten para atender la demanda del país y se prioriza la energía más barata. Cuando el mal estado de una red impide transportarla, se obliga al sistema a usar energía de respaldo así sea más costosa. A los primeros se les paga por la energía que no pudieron entregar y a los segundos por la energía entregada. Esto lo pagamos todos los colombianos.

El 6 de septiembre de 2019 el CNO recomendó al Ministerio de Minas un racionamiento programado en la Costa Caribe. No fue acogida porque a juicio del segundo no se daban las condiciones. En la práctica, la Costa vive en racionamiento hace años. ¿Quién tiene la razón?

Una opción -además de mejorar las redes- sería incorporar mayor generación en la Costa Caribe. Así el déficit de redes no tendría que ser cubierto en forma permanente con energía de respaldo.

El país tiene una gran cantidad de proyectos de generación en desarrollo que prometen mejores precios como se pudo observar en la Subasta de Renovables de 2019. Pero mientras algunos proyectos avanzan, otros no, bloqueando la generación que necesita el país mediante solicitudes de conexión al SIN.

Jurídicamente existen soluciones. Sin embargo, la Unidad de Planeación Minero Energética-Upme ha señalado que no es competente para actuar ¿Tiene razón?

El Gobierno viene implementado diferentes espacios de trabajo muy bien enfocados, en lo que se ha descrito como la gran transformación del sector eléctrico.

El 28 de enero se presentaron las conclusiones de la Misión de Transformación reconociendo el trabajo bien hecho (que ha sido la mayoría) y planteando el rumbo hacia una modernización del sector.

Aunque se ofrecen propuestas interesantes, la mayoría se concentran en producir más normas, sin hacer énfasis en mecanismos que garanticen la aplicación efectiva de las mismas.

La materialización del importante esfuerzo que se está haciendo requiere de herramientas jurídicas con las que hoy no contamos: es hora de incorporar en las discusiones del sector eléctrico mecanismos de justicia eficaces e idóneos.

Es hora de considerar una instancia especializada para dirimir controversias del sector. La Misión lo menciona solo para asuntos tarifarios. Importante, pero no es suficiente.

Hoy no contamos con una instancia para resolver sobre el bloqueo para acceder a la red que causan algunas solicitudes de conexión. Así hay varios ejemplos.

Pero los asuntos en materia de electricidad rara vez son sometidos a control judicial, entre otras, por la falta de oportunidad de las decisiones judiciales y por la incertidumbre de llevarlos ante jueces ajenos al sector.

En octubre de 2018 se radicó ante el Consejo de Estado una solicitud de medidas cautelares a la primera Subasta Upme. El fallo se emitió el 27 de septiembre de 2019: un año después de solicitada y siete meses después de haberse realizado la Subasta.

Estamos hablando apenas del fallo de medidas cautelares que por definición debían haberse resuelto antes de ser realizada la subasta. La justicia tardía no es justicia.

En materia eléctrica carecemos de un mecanismo idóneo de justicia al cual acudir para solucionar múltiples conflictos que naturalmente se generan a la hora de aplicar la gran cantidad de normas que rigen el sector. La Sspd se limita a las ESP. La Creg tiene algunas facultades, con la inconveniencia de ser quien produce las normas del sector.

Mientras tanto, los colombianos asumimos directamente las debilidades actuales del sector y pagamos preocupantes sobrecostos. Esto no va a mejorar únicamente con más normas.

Es importante contar con una instancia de solución de controversias en asuntos eléctricos, que tenga el contexto del sector y esté debidamente investida de imperium para resolver en derecho.

Países como Chile a través del Panel de Expertos desde 2004, o Reino Unido mediante el Enforcement Decision Panel desde 2014, han implementado soluciones de esta naturaleza. Con base en la experiencia de haber asesorado 1,5 GW en asuntos de acceso a la red (aprox 10% de la capacidad instalada), he trabajado en una propuesta similar enfocada al caso colombiano.

Avanzar en este frente nos beneficia a todos e invitamos a que lo construyamos entre todos.