El contrato para la concesión del tercer carril vía Bogotá - Girardot se adjudicó en agosto de 2016 en audiencia pública.

Esta es la arteria comercial más importante de Colombia, es la salida principal hacia el Puerto de Buenaventura, y comunica a uno de los mayores ejes industriales del país, la Sabana de Bogotá, con la salida al Pacífico. Este contrato tiene un valor de $4,2 billones y significó el ahorro de $590.000 millones para el Estado colombiano, representado en una menor tarifa de peaje para los usuarios.

El 1 de diciembre de 2016, el concesionario entró a operar la vía para mejorar la situación de deterioro y, atendiendo las obligaciones contraídas, se acreditaron cartas de crédito por $1,5 billones.

A la fecha, se han aportado $312.000 millones para los respectivos estudios y diseños, compromisos contractuales y se ha operado y ejecutado el mantenimiento de la misma en estricto cumplimiento de lo pactado. A partir de junio de 2018, se dio inicio a la etapa de construcción en el sector comprendido entre Soacha y Sibaté. Este contrato generará miles de empleos directos y atrae millones de dólares de inversión para la infraestructura del país.

La imagen de Constructora Conconcreto, una empresa con casi 60 años de trayectoria en el sector de construcción, operación y mantenimiento para proyectos de infraestructura y edificación, se ha visto afectada por una supuesta colusión o cartelización empresarial, por la que fuimos prejuzgados sin siquiera iniciar el juicio administrativo, y sin permitirnos ejercer el derecho de contradicción.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sobrepasó los límites de su función, pronunciándose por fuera de la investigación, en rueda de prensa y ante los medios de comunicación, lo que ha deteriorado la imagen de la compañía y ha representado una pérdida del precio de la acción en el mercado público de valores.

Los radicales pronunciamientos del superintendente Robledo irrespetan la presunción de inocencia y el debido proceso, y no son compatibles con los principios que pretende defender.

Es lamentable el manejo mediático que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha dado al proceso, lo cual tiene un grave impacto para la infraestructura de Colombia y acentúa la inseguridad jurídica que vive el país, generando incertidumbre para los inversionistas locales y extranjeros.

La Constructora Conconcreto es respetuosa de la institucionalidad colombiana y estamos dispuestos a colaborar y a presentar todos los argumentos requeridos para demostrar nuestra inocencia dentro de este caso.