Colombia es una potencia hídrica en el papel; ocupa el sexto lugar mundial en disponibilidad de agua dulce por habitante, con una geografía privilegiada que alberga páramos, nevados, selvas y más de 1.200 ríos. Sin embargo, esa riqueza contrasta con una cruda realidad: millones de colombianos, especialmente en zonas rurales y periféricas, siguen sin acceso a agua potable segura, tenemos el recurso, pero no la capacidad institucional para gestionarlo eficientemente.

El contraste con Estados Unidos es ilustrativo, allí, en medio de zonas desérticas o altamente urbanizadas, el acceso al agua potable es universal, continuo y confiable, el costo promedio del metro cúbico en ciudades como Dallas, Denver o Chicago ronda US$1,50, mientras que en muchos municipios colombianos puede superar los 5.000 o 7.000 pesos, incluso sin garantías de calidad ni continuidad. En Estados Unidos, el agua del grifo es una norma; en Colombia, una excepción.

La diferencia no está en la naturaleza, sino en la política pública; Estados Unidos ha invertido durante más de un siglo en infraestructura hídrica: plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillado y sistemas de monitoreo automatizados. Además, su enfoque en tratamiento de aguas residuales es ejemplar: los desechos orgánicos no terminan en los ríos, sino que pasan por procesos técnicos que reducen su impacto ambiental. En Colombia, más del 80% de las aguas residuales se vierten sin tratamiento, contaminando fuentes estratégicas como el río Magdalena, el Atrato o el Amazonas.

Mientras tanto, el discurso oficial en Colombia se ha centrado en la retórica del cambio climático, la transición hídrica y la justicia ambiental. Pero esas consignas no se han traducido en mejoras sustanciales para los territorios más vulnerables, la inversión en agua y saneamiento sigue siendo baja, dispersa y muchas veces capturada por esquemas de corrupción o ineficiencia técnica, proyectos mal formulados, plantas abandonadas y redes inconclusas son parte de un paisaje institucional donde abundan los diagnósticos, pero escasean las soluciones.

Según cifras del Dane y la Superservicios, más de trece millones de colombianos no tienen acceso formal a agua potable, y más de la mitad de los municipios presentan deficiencias graves en calidad o cobertura. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas son las más afectadas. En términos económicos, el acceso al agua potable tiene un impacto directo en la productividad, la educación y la salud, las enfermedades de origen hídrico reducen el rendimiento escolar, incrementan los costos del sistema de salud y perpetúan ciclos de pobreza. Además, la desconfianza en el agua del grifo impulsa un mercado creciente de agua embotellada, incluso en ciudades donde el servicio es técnicamente potable, generando un gasto innecesario para los hogares.

Colombia necesita una estrategia nacional robusta, con metas medibles, financiación adecuada y control riguroso. La fragmentación institucional actual -donde Minvivienda, Minambiente, Planeación Nacional, gobernaciones y municipios actúan sin una hoja de ruta común- dificulta cualquier avance sostenible.

No se trata solo de hablar del cambio climático, sino de actuar con responsabilidad frente a un recurso esencial para el desarrollo, la verdadera transición hídrica no está en los foros internacionales, sino en los barrios sin acueducto, en las comunidades indígenas sin tratamiento de agua y en los ríos que siguen siendo cloacas a cielo abierto, la abundancia de agua no es garantía de bienestar; solo lo será cuando se traduzca en acceso y calidad. De lo contrario, seguiremos siendo un país rico en agua, pero pobre en agua potable.