Hace unos años se debatía en el país la implementación del proceso de paz, ante la posibilidad de que la guerrilla obtuviera curules en el Congreso o se incluyera en la justicia transicional crímenes de lesa humanidad; los defensores del proceso siempre dijeron que esto no ocurriría y tildaron de mentirosos a quienes lo sostenían; hoy la realidad deja ver quién estaba mintiendo.

Con recelo, la oposición de su momento veía cómo en contra de la voluntad popular se iba imponiendo un acuerdo, derrotado en las urnas, a todos los colombianos; con las maquinarias bien alimentadas se creaba la JEP y se pasaban todos los delitos por aquella jurisdicción. Mientras tanto, los cultivos de coca en Colombia seguían creciendo. En tanto la guerrilla no entregue las rutas, el proceso de paz no va servir sino para fortalecerlos políticamente.

En todo aquel montaje se tenía la esperanza en la justicia; las altas cortes, la fiscalía y la nacida JEP tenían un compromiso histórico de ser garantes; su función era aplicar la ley, que los criminales pagaran, las víctimas se sintieran representadas y mediante el ejemplo dejar el mensaje que la vía del crimen no puede ser una opción. Aquella esperanza ha sido duramente contrastada con la realidad: el caso de Santrich fue el uno de los mayores desastres judiciales.

En vídeo aparece traficando varios kilos de cocaína, las fechas demuestran que fue después de los acuerdos; aun así, la JEP lo absuelve, el Consejo de Estado cambia su doctrina para reconocer una curul de la cual no se posesionó y finalmente la Corte Suprema de Justicia ordena su libertad por ser congresista y ser ellos los competentes de investigarlo y no la Fiscalía; todo ello con apenas unos días de diferencia, lo que deja al menos sospechar de una estrategia orquestada para favorecer su libertad.

Al día de hoy ninguno de los criminales ha sido juzgado y sí gozan de todos los privilegios; años de violaciones, crímenes y narcotráfico hoy son olvidados por la justicia; a ello se suman cientos de casos de corrupción sin resolver, Obebrech, a pesar de las pruebas, sigue sin dar con ningún pez gordo y crímenes como el de Álvaro Gómez apenas está en reconstrucción del caso.

Pareciera que en Colombia el crimen paga, la impunidad reina, y la justicia ni camina ni se deja reformar. Lo peor es que todo aquel andamiaje que no funciona lo pagamos los colombianos; la Rama Judicial mensualmente cuesta más de $30.000 millones y la JEP más de $200.000 millones al año.

Necesitamos de nuevo justicia. Von Ihering señala que un hombre sin derecho se rebaja al nivel del bruto… desistir de defender el derecho equivale a un suicidio moral. Hoy Colombia clama por tener de nuevo un sistema legal que funcione, que devuelva el honor e imparta justicia y si los enquistados en el poder no se dejan reformar, habrá que acudir al constituyente primario, porque el mal parece que triunfa, pero estamos a tiempo de terminar con esta degradación de la justicia.