Esta semana se dictó orden de captura contra el miembro de las Farc, Jesús Santrich por continuar, según investigaciones de la DEA, con el tráfico de estupefacientes. Días antes el ex presidente Lula Da Silva era enviado a prisión después de demostrarse sobornos por más de un millón de dólares por parte de la constructora OAS. En ambos casos centenares de personas desoyen las instituciones y defienden a los convictos.

El grupo guerrillero de las Farc, según la Fiscalía, empezó cobrando el gramaje por la venta de base de coca; después, ante el buen negocio, pasó a ser comprador de la cosecha y elaboración de base de coca y su posterior transformación y comercialización, llegando a producir más del 55% de la cocaína que sale al exterior según el International Crisis Group. En las negociaciones pareciera se obvió el tema pues nunca entregaron las rutas del narcotráfico y, según la ONU, tampoco los cultivos, pues estos siguieron aumentando. Dicho panorama lleva a preguntar, ¿las rutas y sus cultivos fueron acogidos por las disidencias u otros grupos ilegales o sencillamente las Farc siguieron con el negocio ante la mirada ingenua y cómplice del Gobierno?.
También es curioso que tantas voces, incluso de congresistas y periodistas, señalen que la paz está en peligro, dejando de lado el concepto de justicia. Puede ser que el desprestigio de ésta lleve a la solidaridad con los afectados o que con la excusa del cese del conflicto se pase por encima de cualquier conducta delictiva, lo cual sería un abuso con las víctimas y, sobre todo, un peligro para la estabilidad económica y política del país.

En Brasil se habla también de reconciliación y Lula figuraba de primero en las encuestas presidenciales; tratando de convertirse en mártir, llegó a decir que él ya no era una persona sino una idea. La realidad es que se comprobaron los sobornos, el costo político destituyó a su predecesora y económicamente el escándalo de OAS y Petrobras le causó al país un retroceso en los sectores de construcción, energía y en la banca, lo que condujo a una reducción del PIB sin contar la pérdida de dinero por culpa de la corrupción. A pesar de ello centenares de personas se siguen apostando afuera de la cárcel, reclamando su liberación.

En su libro por qué fracasan los países los economistas Daronn Acemoglu y James Robinson, entre varios planteamientos, señalan que un país fracasa mientras quien esté en el Gobierno lo vea como una oportunidad para establecerse, excluir sectores y sacar provecho para sí mismo. Las actitudes de las Farc y Lula merecen toda la sanción por parte de las instituciones fiscalizadoras, a pesar de las marchas de algunos seguidores y de la división que pueda traer la causa de la paz; la justicia debe imperar sobre tanto interés particular. Defender delincuentes debe ser papel de los abogados no de una facción de la sociedad.