En una sociedad democrática, el derecho a la seguridad es un bien supremo consagrado en la Constitución. Sin embargo, la realidad actual sugiere que el Estado no puede garantizar, por sí solo, la protección integral de sus ciudadanos. En un país donde la violencia y la inseguridad han sido un lastre histórico, es esencial que los ciudadanos asuman un papel más activo en la defensa de sus derechos y en la lucha contra la inseguridad.

Según el Reloj de Criminalidad de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en el primer semestre de 2023 hubo un incremento de 23% en los casos de hurto y un incremento de 38% en los casos de extorsión, en comparación con el mismo periodo de 2021. Esto significa que un promedio de 1.081 colombianos fue robados diariamente y que cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en el país.

Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse?

Una opción que ha cobrado fuerza en los últimos años es la seguridad privada. No se trata de un llamado a la autodefensa violenta, sino de fomentar la colaboración, la participación cívica y el empoderamiento de la sociedad para enfrentar la inseguridad con empresas especializadas en vigilancia, protección y transporte de valores cuentan con personal capacitado y equipamiento adecuado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo. Un ejemplo exitoso de esta iniciativa se puede observar en Lima, Perú, donde tres municipalidades (Lima, Miraflores y San Isidro) han implementado su propia seguridad privada, no armada, que funciona para combatir el delito. Estos distritos han sido escenarios de un alarmante aumento de robos, sobre todo en sus límites fronterizos. Por ello, han decidido tomar medidas como el bloqueo de celulares robados, el uso de cámaras y drones, y la coordinación con la policía nacional.

Los resultados han sido positivos. Según las autoridades municipales, se ha logrado reducir los índices de criminalidad y mejorar la sensación de seguridad entre los vecinos, además han generado empleo.

Los gremios empresariales y las autoridades locales pueden colaborar de manera eficaz para enfrentar los problemas de robo y extorsión para ello deben crear alianzas entre comerciantes, ciudadanos y las empresas de seguridad privada, para fortalecer la vigilancia en zonas vulnerables. Esta colaboración puede incluir patrullas conjuntas, la instalación de sistemas de videovigilancia y la promoción de prácticas de seguridad en las empresas y comunidades.

La participación ciudadana en la seguridad y la denuncia de actividades sospechosas son componentes cruciales de la estrategia. Se deben crear junto con las anteriores medidas, redes de vecinos vigilantes en colaboración con las patrullas ciudadanas y la policía para identificar y denunciar a los delincuentes. La sociedad puede desempeñar un papel activo en la prevención de delitos al estar informada y consciente de los riesgos que enfrenta.

La colaboración entre la sociedad civil, los gremios empresariales y las autoridades locales es esencial para diseñar y ejecutar estrategias efectivas que combatan el robo y la extorsión. Los ciudadanos tienen el derecho de defenderse y la experiencia exitosa de otros lugares, como Lima, demuestra que la seguridad privada no armada puede desempeñar un papel importante en esta lucha. La clave está en trabajar juntos para construir comunidades más seguras donde los delincuentes se sientan realmente combatidos.