Colombia, entre sus muchos problemas, ha descuidado el desafío demográfico que puede tener graves consecuencias económicas y sociales para el país. Se trata del descenso en la tasa de natalidad y el aumento del nivel de divorcios, dos fenómenos que afectan la estructura y la dinámica de la población.

La tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año. Según los datos del Dane, esta tasa ha disminuido en los últimos años, pasando de 16,61‰ en 2011 a 14,2‰ en 2021. El índice de fecundidad, que es el número medio de hijos por mujer, también ha bajado de 1,96 en 2011 a 1,72 en 2021. Estos datos indican que Colombia tiene una fecundidad de reemplazo inferior a 2,1 por mujer, lo que significa que no se garantiza una pirámide de población estable.

El nivel de divorcios es el porcentaje de divorcios que se registran por cada 100.000 habitantes en el país. Según los datos de la Supernotariado, este nivel ha aumentado en los últimos 10 años, entre enero de 2012 y diciembre de 2021, hay registro de 601.103 matrimonios civiles y de 214.266 divorcios. Es decir, por cada tres matrimonios se dio un divorcio en Colombia en este periodo. El promedio de divorcio en Colombia es de 26.98% lo que ubica a los primeros lugares muy por encima del promedio.

¿Qué implicaciones tiene este panorama para la economía colombiana? Varias y ninguna positiva. Por un lado, un envejecimiento de la población implica una mayor demanda de servicios de salud, pensiones y cuidados para los adultos mayores, y una menor oferta de mano de obra joven y productiva. Por otro lado, una disminución del crecimiento económico, ya que una población más pequeña y más vieja implica una menor capacidad de ahorro, inversión e innovación, y una menor demanda de bienes y servicios. Además, una mayor presión fiscal, ya que el gobierno tendrá que aumentar los impuestos o reducir el gasto público para financiar los programas sociales destinados a la población envejecida, lo que puede afectar la competitividad y el desarrollo del país. Y, por si fuera poco, una mayor desigualdad social, ya que los sectores más vulnerables y excluidos pueden sufrir más las consecuencias del envejecimiento demográfico, al tener menos acceso a la educación, la salud y el empleo formal.

El impacto económico del divorcio también trae consecuencias negativas se extienden más allá de las familias individuales; Las parejas divorciadas pueden experimentar una disminución en su capacidad de inversión y gasto, lo que a su vez afecta el consumo y la demanda en el país. Además, de manera personal trae costos emocionales, económicos y legales asociados que afectan el bienestar de las parejas, especialmente cuando hay hijos involucrados.

¿Qué se puede hacer para revertir o mitigar esta situación? Se requieren políticas públicas que promuevan la natalidad y la estabilidad familiar, que incentiven la responsabilidad, que apoyen a las familias con hijos, que faciliten la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de las personas, y que fomenten la inclusión y la equidad social.

Pero también se necesita un cambio cultural, que valore la vida, el matrimonio y la familia, que reconozca la importancia de tener hijos para el bienestar individual y colectivo, que fortalezca los vínculos afectivos y la comunicación entre los cónyuges y los padres e hijos, y que prevenga y resuelva los conflictos familiares de manera pacífica y constructiva.