En Colombia, el abuso infantil sigue siendo una de las formas más atroces y silenciadas de violencia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se reportaron más de 12.000 menores víctimas de delitos sexuales. Sin embargo, lo más aterrador no es lo que se cuenta, sino lo que permanece oculto: los miles de casos que nunca se denuncian, los niños que callan por miedo, por vergüenza o por la desconfianza en un sistema que, en vez de proteger, termina castigando.

Un amigo cercano vivió esta tragedia de forma directa; Su hija, de apenas 9 años, fue víctima de un intento de abuso sexual en el lugar que creían más seguro: un conjunto residencial de una amiga, con vigilancia privada. El agresor era un empleado de la empresa de seguridad, la niña, con valentía, contó lo sucedido de inmediato. Fueron a una clínica privada, se activó la “línea blanca” y esa misma noche se presentó la denuncia. Entonces comenzó el segundo infierno: el del sistema judicial colombiano, un proceso que no repara, pero si revictimiza a quienes han sufrido.

La clínica no bastó, el examen médico inicial no era válido legalmente. La niña tuvo que repetirlo en Medicina Legal, volver a contar lo ocurrido, volver a revivir su trauma. Luego llegó la visita de una trabajadora social del Distrito, que no pareció enfocada en brindar apoyo, sino en buscar sospechas donde no las había: ¿La niña estaba bien alimentada? ¿Tenía todas sus vacunas? ¿Le pegaban en casa? Cada pregunta implicaba un juicio implícito, y cada visita institucional reforzaba una idea absurda: que denunciar pone a la familia en tela de juicio.

En la Fiscalía de Menores, mientras la madre rendía testimonio, la niña fue dejada sola en una sala supuestamente “apta para niños”. En las paredes, frases escritas por otras víctimas hacían eco del horror: “Acabo de ser violado y llevo seis horas aquí”. ¿Cómo puede un niño sentirse seguro en un lugar así? Cuando se pidió pintar esas paredes, la respuesta institucional fue: “eso no nos compete”.

Luego vino el turno del Icbf. La familia fue informada de que la patria potestad de su hija estaba bajo análisis; incluso, les hicieron firmar un documento donde autorizaban su aparición en televisión en caso de perder la custodia.

A pesar de que existía una grabación oficial del testimonio de la niña, tuvo que repetirlo varias veces más ¿Para qué revivir el dolor si ya había pruebas suficientes? Después de más de un año, el agresor fue condenado a 13 años de prisión. Hoy, cada vez que acuden a una cita médica, el sistema arroja una alerta automática: “víctima de intento de violación”. Este caso es solo uno entre miles. Según Aldeas Infantiles SOS, entre 94% y 97% de los casos de violencia infantil en Colombia no reciben justicia.

Es fundamental humanizar los procesos y garantizar que las víctimas reciban un trato digno. Algunas medidas urgentes incluyen: Un protocolo unificado y sensible para la toma de testimonios, espacios adecuados para la atención de víctimas, capacitación obligatoria para los funcionarios encargados de atender estos casos, con enfoque en empatía y protección infantil y un acompañamiento real a las familias.

El sistema de justicia y protección infantil en Colombia necesita una transformación profunda. No basta con endurecer las penas para los agresores; es fundamental humanizar los procesos y garantizar que las víctimas reciban un trato digno; Colombia necesita con urgencia un cambio en la forma de abordar estos casos, la protección de los niños debe ser una prioridad real, no un simple trámite, la justicia no puede convertirse en otro calvario para quienes ya han sufrido demasiado.